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las evaluaciones y que las recomendaciones vayan siendo implementadas para enfrentar los obstáculos<br />
o limitantes detectados, contar con indicadores de su implementación desagregados y visibilizar<br />
los logros en la eliminación de la discriminación y combate a la pobreza que enfrenta este<br />
grupo de mujeres, así como con investigaciones e información cuantitativa y cualitativa desagregada<br />
y actualizada sobre las realidades que viven.<br />
Aunque la Constitución local reconoce los derechos de la población indígena, tanto colectivos<br />
como individuales, un pendiente sobre el que el gobierno debe de trabajar y que no presentó avances<br />
fue el de garantizar su acceso y la tenencia a la tierra, en particular a las mujeres en la ciudad.<br />
Por otra parte, este informe dio cuenta de un conjunto de esfuerzos dirigidos a atender las disparidades<br />
de las mujeres indígenas y rurales en materia de participación política a través del diseño<br />
de carteles para su participación en elecciones en lenguas indígenas, así como la existencia de una<br />
Comisión interdependencial de equidad para los pueblos indígenas y comunidades étnicas que<br />
cuenta con un Consejo consultivo con la participación de representantes de distintos grupos indígenas.<br />
Sin embargo, una característica de la implementación de estos mecanismos para coordinar a las<br />
dependencias y atender los asuntos en materia indígena en la ciudad es la dilación en la elaboración<br />
de las normas que regulan su actuar, así como la falta de información accesible de su trabajo. Esta<br />
misma suerte ha sufrido la Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes<br />
del Distrito Federal, la cual se recomienda sea aprobada a la brevedad.<br />
En cuanto a la atención de la violencia que sufren las mujeres indígenas y rurales en la ciudad,<br />
así como al acceso a la justicia, en el presente informe se detecta otro conjunto de acciones enfocadas<br />
a eliminar las prácticas de discriminación y para prevenir y atender la violencia, por ejemplo<br />
la existencia de una Agencia del Ministerio Público especializada en atención a personas indígenas,<br />
el contar con un Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucran a<br />
personas, comunidades y pueblos indígenas, así como con una red de intérpretes-traductores. El<br />
reto sigue siendo la falta de información generada y desagregada que dé cuenta de las situaciones<br />
que vive y enfrenta este grupo de población, que también sirva para evaluar los avances, la aplicación<br />
de los protocolos, entre otros.<br />
A pesar de todo este conjunto de acciones, la cdhdf ha recibido quejas por presuntas violaciones<br />
a derechos de mujeres indígenas, como la restricción de la práctica de la lengua, tradiciones y<br />
costumbres, la restricción a la autonomía de gobierno, la ausencia de intérpretes y de acompañamiento<br />
especializado en la defensoría de oficio, así como la carencia de mecanismos de consulta,<br />
aspectos sobre los que el gobierno debe redoblar esfuerzos para atender estas problemáticas.<br />
Familias y relaciones familiares<br />
Como se observó en este informe, las mujeres en México y en la Ciudad de México han sido y<br />
continúan siendo las que dedican mayor tiempo a realizar trabajo doméstico y de cuidado no<br />
remunerado aun cuando en otros ámbitos desarrollan trabajo remunerado, lo cual genera una<br />
sobrecarga para ellas y reduce otros aspectos de su vida como la participación política y laboral,<br />
entre otros. En particular, el gobierno de la ciudad ha implementado un conjunto amplio y nove<br />
256 <strong>Informe</strong> anual <strong>2016</strong> Volumen iv. La Ciudad de México de cara a la Novena Comparecencia ante el Comité cedaw