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98 Ana María Larrea Maldonado
transferir competencias del Ejecutivo a los gobiernos seccionales. Pero más grave
aún, al dejar que cada nivel de gobierno voluntariamente decida las competencias
que le interesaría asumir, la Constitución de 1998 abrió las puertas a un verdadero
caos, puesto que la misma competencia podía ser solicitada por una Junta Parroquial,
un Municipio y un Consejo Provincial, y el Estado central estaba en la obligación
de transferirla, ya que la Carta Magna estableció que la descentralización
es voluntaria para los gobiernos seccionales y obligatoria para el gobierno nacional.
Tras este mecanismo, irónicamente bautizado como «descentralización a la
carta», se escondía toda una estrategia de debilitamiento del Estado, puesto que
ningún gobierno local iba a solicitar competencias deficitarias, sino aquellas que
suponían rédito político y beneficios económicos. Entonces, la descentralización
a la carta significó que el Estado central debía quedarse con los huesos, mientras
los gobiernos seccionales grandes que contaban con capacidad de gestión se llevaban
la carne.
Las propuestas de descentralización en muchas ocasiones fueron concebidas
como propuestas de municipalización, como parte de la estrategia de debilitamiento
del Estado central, sin modificar la estructura del Estado y produciendo
una polarización entre lo local y lo nacional (Carrión, Dammert y Villaronga,
2008: 13).
Por último, la descentralización a la carta promovió un modelo profundamente
inequitativo de gestión de los territorios, puesto que solamente los municipios
grandes podían acceder a la venturosa descentralización. Los municipios
más grandes empezaron a recibir más recursos que los municipios pobres y
pequeños, profundizando de esta manera las ya excesivas desigualdades territoriales
existentes en el país.
Recapitulando, la descentralización a la carta de la Constitución de 1998 perseguía
un debilitamiento del Estado central y una profundización de las desigualdades
territoriales.
Otro enorme problema que enfrentaban las administraciones locales estaba
relacionado con la superposición de funciones. Los distintos niveles de gobierno
territorial (provincial, cantonal y parroquial) compartían competencias entre sí
y con la administración nacional, dándose la paradoja que existían localidades
«sobreservidas» y otras totalmente abandonadas. La superposición de competencias
y la falta de coordinación entre gobiernos seccionales fueron factores adicionales
para la profundización de las desigualdades territoriales.
Al definir competencias, la Constitución de 1998 asignó a los Consejos Provinciales
la obra rural, mientras que a los municipios les correspondió la obra urbana.
Esta división atentó contra el manejo territorial integral de los cantones, pues los
territorios rurales fueron dejados a la suerte de un supuesto nivel intermedio de
gobierno, que no cumplía estas funciones, pues en la práctica un Consejo Provincial
era más débil que cualquier cantón capital de provincia, tanto en lo que respecta
a atribuciones, cuanto a presupuestos. Esta división entre lo urbano y rural,
profundizó las desigualdades y las relaciones asimétricas entre campo y ciudad. La
falta de gobiernos intermedios también es el producto del desmantelamiento del
Estado y la ruptura de vínculos entre el Estado central y las localidades.
Los gobiernos provinciales no fueron concebidos como nivel intermedio de
gobierno, pues como ya se ha dicho, su campo de acción eran las zonas rurales, no
tenían funciones de enlace entre el nivel nacional y el nivel local, como correspondería
a un gobierno intermedio.