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134 Ana María Larrea Maldonado
el campo de la relación entre la nación, los territorios y las nacionalidades y pueblos.
Tampoco llega a un planteamiento autonómico de tipo federal y defiende el
carácter unitario del Estado.
Múltiples fueron los desafíos que enfrentó el país en el momento de elaborar
su nueva Constitución: Lograr una coherencia entre la parte dogmática y la
parte orgánica de la Constitución, es decir que los ideales planteados en términos
de ejercicio de derechos encuentren condiciones de posibilidad en la estructura
económica, el modo de acumulación y la estructura institucional; pensar la
articulación del país en la diversidad; producir condiciones institucionales para
generar igualdad; todo ello en el marco de un cambio paradigmático sustentado
en el Buen Vivir.
La redistribución mejora la situación de los más pobres,
[…] pero no cambia las relaciones de poder ni la estructura productiva y en pocos casos
disminuye distancias sociales. En este sentido la pregunta que debemos hacernos es
si la nueva Constitución abre las puertas para tener otro tipo de acumulación y de distribución
diferente a la promesa de liberalización económica. En efecto, mientras la
apuesta de la Constitución de 1998 es crecer y luego distribuir (goteo), la nueva carta
magna invita a «desarrollarnos (crecer) distribuyendo» y «distribuir para desarrollarnos
(creciendo)»; es decir que en el propio proceso de generación de desarrollo
(riqueza) se produzca la distribución (Ramírez, 2008: 21).
La nueva Carta Magna ubica el debate regional, la descentralización y la plurinacionalidad
en el horizonte del tipo de sociedad, democracia y Estado que se aspira
a construir, y genera cambios sustanciales en el modo de desarrollo al estructurarlo
alrededor del Buen Vivir y pasar de una economía social de mercado a un sistema
económico social y solidario. Rompe de esta manera el mercadocentrismo
característico de la economía neoliberal, aunque no llega a superar la dinámica
capitalista. En este sentido la nueva Constitución es posneoliberal, pero no poscapitalista.
Sin embargo, abre condiciones de posibilidades para un profundo
proceso de transformación social que, dependiendo de las futuras correlaciones
de fuerzas, podría abrir nuevos horizontes.
Plantea entonces un nuevo sistema económico, se amplían y profundizan
los derechos desde una perspectiva de universalización y se fortalece la participación
en todos los ámbitos de la vida colectiva. Al reconocer derechos a la naturaleza
empieza a esbozarse un esquema hacia la construcción de una economía
pospetrolera, menos extractivista.
El Estado es imaginado desde la diversidad paralelamente con la construcción
de aquel núcleo común que nos identifica y construye sentidos, expresando
siempre las tensiones «entre un polo establecido, estático y definido, y otro polo
demandado y requerido, dinámico y no establecido, indefinido e inconcluso»
(Vega, 2007: 10). Esta tensión marca y establece las formas de responder y actuar
con una sociedad dinámica, cambiante y en movimiento. «El estado es confrontado,
demandado y constituido por una vida social en marcha, en movimiento»
(Vega, 2007: 11).
A través del reconocimiento del carácter plurinacional del Estado ecuatoriano,
por primera vez se articulan las propuestas descentralizadoras con un programa
descolonizador, articulando la lucha por alcanzar la igualdad en un horizonte
político que tiene a la diversidad y al reconocimiento de las diferencias