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136 Ana María Larrea Maldonado
Autonomías y Descentralización, y de la Ley de Participación, abren enormes
posibilidades para llevar adelante un proceso serio de descentralización y participación
hacia la superación de las asimetrías territoriales, que deberá sustentarse
en la generación de capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados y
el fortalecimiento de su autonomía decisional.
La creación de niveles intermedios de gobierno, siempre y cuando las regiones
que se creen logren equipotencia, podrá contribuir a las metas de equidad
territorial. Sin embargo, este proceso aún es incierto. Se han llevado adelante
algunas iniciativas por parte de varias prefecturas provinciales para la generación
de mancomunidades que en el futuro podrán desembocar en nuevas regiones.
Sin embargo, la generación de acuerdos para la conformación de regiones aún
presenta serias dificultades y existe el riesgo de que las nuevas regiones dejen de
lado a provincias rezagadas económicamente. En las propuestas que actualmente
se están gestando, de hecho, varias provincias fronterizas no han sido tomadas en
cuenta, ni se han sumado al proceso.
Uno de los principales desafíos en pos de alcanzar un desarrollo territorial
equilibrado es encarar seriamente el tema del desarrollo económico regional.
Lamentablemente, la nueva Constitución no establece claras competencias en
este sentido para los gobiernos regionales, y éste puede ser un límite para la consolidación
de verdaderos gobiernos intermedios. Otro problema para la consolidación
de los futuros gobiernos regionales tiene que ver con la superposición de
funciones entre gobiernos regionales y provinciales. Es un proceso que sin duda
deberá ir encontrando sus vías de resolución en el ejercicio de los nuevos gobiernos
intermedios y de manera progresiva.