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Territorio, descentralización y desarrollo 119
Para César Rohón, la autonomía estaría dada en la capacidad de los gobiernos
descentralizados para planificar el desarrollo, al ser la competencia de planificación
compartida con el nivel nacional «ningún desarrollo autonómico será
real», pues «[q]uien elabora, actualiza y evalúa los Planes Nacionales de Desarrollo
[…] es realmente la SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN» (Rohón,
2008c: 1, énfasis en el original).
Este planteamiento refleja el importante espacio que ocupó en la Asamblea
Nacional Constituyente el tema de la relación entre los distintos niveles de
gobierno y los mecanismos para el proceso de descentralización. Leonardo Viteri
se opone al papel otorgado al nivel central en la propuesta, y señala:
La descentralización y desconcentración supervisada y controlada por organismos de
ejecución central, tal como está concebida en los artículos propuestos por la Mesa 4,
no transfiere el poder de decisión, ni el económico ni el administrativo, para que se
constituya una verdadera autonomía y se pueda ejercer la potestad autonómica.
[…]
Estos dos principios de aplicación general no pueden estar sujetos a condicionamientos
para continuar manteniendo un «cordón umbilical» con el gobierno central, que
merme o peor, menoscabe la capacidad de autogobierno.
[…]
La finalidad adoptada en el articulado es transferir funciones, competencias, tributos,
recursos y responsabilidades administrativas, sujetas a omnímodas decisiones
que adopten organismos centralistas, como el caso de SEMPLADES [sic] y, no plantea,
en la realidad una nueva organización del estado. Una distribución de recursos sobre
la base de las necesidades, el número poblacional y la capacidad de gestión seguirán
siendo elementos mañosos contra las autonomías, que no posibilitarán propuestas
desde la sociedad civil ni permitirán una distribución socialmente justa de los recursos
nacionales
[…] la planificación nacional […] constituirá otra traba más… (Viteri, 2008c: 1).
Nuevamente, aparece con fuerza el mínimo rol que la oposición quería dar al
gobierno central. Si antes los planteamientos eran en relación al mercado, ahora
estos planteamientos se reeditan en relación a los gobiernos autónomos descentralizados.
Estaríamos entonces frente a una propuesta que otorga amplias capacidades
a los niveles subnacionales de gobierno, un rol preponderante al mercado
y un mínimo espacio para el Estado central, en sus funciones ejecutivas, legislativas
y de regulación y control.
No se trata […] de transferir el poder al mercado […], pues esto no es descentralización,
sino privatización, tampoco de fragmentar el poder con el afán de que el mercado deje
de ser regulado; y menos de localizar el poder en ciertas regiones ricas que siempre
han detentado el poder político y económico (Carrión, 2008: 36).
La propuesta autonómica con un esquema propio de legislación, más cercano
al Estado federal que al Estado unitario, ligada además a un debilitamiento del
nivel central y con un carácter voluntario, lejos de buscar un desarrollo territorial
más equitativo, implica la profundización de las asimetrías territoriales y la
posibilidad de deslindarse localmente de procesos redistributivos, que hoy por
hoy van tomando fuerza en la escala nacional. Una autonomía regional federalista
voluntaria no necesariamente resuelve el problema del centralismo, puesto
que puede replicarlo al interior de cada región; más aún con un sistema mixto,