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54 Ana María Larrea Maldonado
y se reconocen los distintos idiomas indígenas como oficiales en sus territorios,
en el momento de optar por puestos de trabajo, de relacionarse con el Estado
o de comunicarse socialmente más allá de sus comarcas, la población indígena
necesariamente tendrá que recurrir al castellano. Las demandas de autonomía
históricamente han tenido como punto culminante en sus luchas el
reconocimiento del idioma; en el caso ecuatoriano no fue así. Este tema fue
objeto de un profundo debate al interior del bloque oficialista de asambleístas.
El principal impedimento para el reconocimiento del idioma kichwa como lengua
oficial se dio porque implicaba la obligatoriedad de su enseñanza en el sistema
educativo.
Un tercer límite fue el no considerar una representación específica de los
pueblos y nacionalidades en el Legislativo. El argumento principal fue que esta
representación de alguna manera ya se ha alcanzado en el sistema general de
elección y que no hacía falta un mecanismo de acción afirmativa que podía ser
extremadamente complejo. Este punto tampoco fue defendido, ni enarbolado
con fuerza por las organizaciones étnicas del país.
Un punto importante de disputa entre el bloque de Alianza País y Pachakutik
en la Asamblea, a más del reconocimiento del kichwa como idioma oficial, fue el
tema del consentimiento informado previo. La Asamblea Constituyente reconoció
la consulta previa para todas las actividades que pudiesen afectar la vida de los
pueblos indígenas, afroecuatorianas y montubias, y de las poblaciones del país en
general. Sin embargo, desde las organizaciones indígenas se defendió el carácter
vinculante que dicha consulta debiese tener. Los avances en torno al tema de la
consulta previa en la nueva Carta Magna son significativos, ya que por una parte
se establece su obligatoriedad, se amplía su ámbito incluyendo, a más de las propuestas
del gobierno central y de los gobiernos subnacionales, a las propuestas
legislativas que pudiesen afectar la vida de los pueblos y nacionalidades y, por
otra, se establece que es el Estado el que realiza la consulta, evitando la injerencia
de las empresas en este campo.
Para implementar los avances constitucionales en el tema de la plurinacionalidad,
será importante trabajar en cuatro ejes:
a. La generación de políticas públicas diferenciadas, que permitan superar los
procesos históricos de exclusión de las nacionalidades y pueblos del Ecuador
e impulsen procesos de reparación hacia la justicia histórica.
b. La incorporación de los planteamientos de interculturalidad y plurinacionalidad
en la nueva arquitectura institucional del Estado.
c. El apoyo a los procesos de creación de las Circunscripciones Territoriales
Indígenas, Afroecuatorianas y Montubias.
d. La generación de mecanismos que permitan la efectiva participación de
las nacionalidades y pueblos en la gestión pública, así como propuestas de
representación en las distintas instancias sociales, políticas y estatales.
El debate constituyente en torno a la
plurinacionalidad e interculturalidad
En este acápite se presentan los cuestionamientos de los asambleístas de oposición
a reconocer al Estado ecuatoriano como plurinacional y a establecer a la justicia
indígena como una nueva jurisdicción.