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42 Ana María Larrea Maldonado
propia organización política y con la no subordinación del ente estatal frente a cualquier
otro tipo de poder.
[…]
no es posible instituir una soberanía alimenticia, sexual, económica, etc. pues el
manejo de todas estas áreas del poder estatal se originan precisamente en la naturaleza
soberana del Estado ecuatoriano (Taiano, 2008b: 3-4).
Diana Acosta también cuestiona el concepto de soberanía alimentaria por considerarlo
atentatorio contra el libre comercio:
Este concepto va en contra del libre comercio de productos de alimentación, de productos
agrícolas, pues limita la capacidad de los pueblos de producir para exportar
así como la de importación de productos de otros países que sean más baratos para el
consumo interno.
[…]
Esto implica que el Estado pueda llegar a limitar las exportaciones de productos agrícolas
en épocas en que dichos productos escaseen en el mercado interno así como
impedir la entrada de productos que a nivel internacional se comercialicen más
barato (Acosta, 2008b: 2).
Eduardo Maruri, sin cuestionar el concepto de soberanía, también se opone a
incluirlo, argumentando dificultades para su aplicación:
Considero que no parece oportuno formular un concepto tan amplio como la soberanía
alimentaria como un derecho constitucional. Podría haber graves dificultades
para su aplicación, como por ejemplo, la proposición de un Amparo Constitucional
en base a este derecho (Maruri, 2008b: 1).
Sin embargo, al igual que con el tema de la propiedad, las reacciones más álgidas
se registran en el tema de la redistribución y el apoyo a los pequeños y medianos
productores campesinos por parte del Estado. Vicente Taiano se opone radicalmente
a la creación del fondo nacional de tierras argumentando:
La creación del «fondo nacional de tierras» […] no significa otra cosa que redistribuir
las tierras que actualmente son de propiedad privada de los ecuatorianos.
Nuestro bloque eleva su enérgica protesta por esta reforma proclive a vulnerar el
patrimonio adquirido por la ciudadanía del Ecuador. En su oportunidad presentaremos
las demandas que sean necesarias ante las cortes internacionales, puesto que
el tribunal constitucional de bolsillo que tiene el actual régimen, jamás las acogería
(Taiano, 2008b: 5).
Maruri plantea sus críticas alrededor del intervencionismo estatal en la libertad
de empresa, para luego cuestionar un proceso de redistribución de la tierra:
Varios de los principios enumerados, según han sido redactados por el grupo de
mayoría, constituyen, en términos jurídicos, habilitaciones constitucionales al poder
público para llevar a cabo actos interventores y reguladores de la libertad empresarial,
y por ende del comercio y del sistema de economía de mercado en general. En otras
palabras, el Estado […] encontraría en este articulado plena habilitación para intervenir
en la economía de diversas formas como la fijación de precios, fijación de aranceles
o medidas redistributivas de tierras. Creo que el reconocimiento constitucional de
estas habilitaciones interventoras implicará un alejamiento exagerado de un mercado