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Territorio, descentralización y desarrollo 117
presentado para el primer debate en el pleno de la Asamblea suscrito por Eduardo
Maruri y Anabella Azín cuestiona el articulado propuesto porque:
[…] no llegan a definir un marco suficientemente claro y adecuado para que se construya
en el Ecuador un sistema de verdaderas regiones autónomas con potestad suficiente
para legislar a profundidad su territorio, amplias competencias y un verdadero
autogobierno que incluya una sede parlamentaria. Sobre todo, creemos que no se ha
dejado espacio para que Guayaquil, principal gestora de la demanda autonómica y
ciudad de la que ambos provenimos, pueda acceder al nivel de autonomía que hace
tiempo ha venido demandando.
[…] No perdamos esta oportunidad histórica para que Guayaquil, Guayas, Manabí y
otros más puedan emprender, por fin, el camino hacia la autonomía real (Maruri y
Azín, 2008b: 1).
Es importante señalar los diversos sentidos y significaciones que estos planteamientos
sugieren y las interpretaciones dadas también por las distintas tendencias
políticas que conformaron la Asamblea Constituyente. Por ejemplo, el Movimiento
Popular Democrático enfatizó en la necesidad de construir la unidad
nacional y sugiere que en el primer artículo del capítulo en el que el informe de
mayoría versaba: «En ningún caso, el ejercicio de la plena autonomía permitirá la
secesión del territorio nacional» (Hidrovo y otros, 2008: 11) se incluya la frase «A
QUIENES LO PROMUEVAN SERÁN ENJUICIADOS POR TRAICIÓN A LA PATRIA»
(Ávila, 2008: 1, énfasis en el original).
La creación del nivel intermedio de gobierno era vista por los asambleístas
de minoría como la posibilidad de establecer un ordenamiento «parecido a
las comunidades autónomas existentes en España» (Maruri y Azín, 2008a: 1). La
propuesta de mayoría, alejada de este planteamiento fue vista por la oposición
como insuficiente en términos de autonomía, sobre todo por no otorgar capacidad
legislativa fuerte al nivel intermedio de gobierno:
[…] se corre el riesgo de no dar paso a un sistema sólido de regiones verdaderamente
autónomas en lo político, y de, en lugar de ello, terminar con dos niveles (el regional
y el provincial) de muy parecidas características y en permanente conflicto el uno
con el otro.
[…]
Nuestra visión es clara: creemos que el Ecuador debe avanzar hacia un sistema distinto
al actual, en el cual las provincias (y los cantones con poblaciones grandes) puedan
constituir nuevos entes autónomos con amplísimas competencias, profunda
potestad legislativa […] y verdadero autogobierno […].
Creemos que no hay que tener miedo de esto, porque la autonomía política no es
separatismo sino una manera comprobadamente eficaz de mantener unido a un país
diverso […].
Por supuesto, nuestro país es tan diverso que hay todavía zonas que no desean ni
están listas para una verdadera autonomía política. Por ello, no estamos de acuerdo
con que se fije un plazo en la Constitución para que todas las provincias formen regiones
autónomas […]. Creemos que el paso hacia el autogobierno debe ser voluntario y
progresivo, siempre producto de la iniciativa de quienes lo ejercerán y llevado a cabo
con el acuerdo y apoyo de todo el país […]. Mientras algunos no deseen ser autónomos
de verdad —y algunos tal vez decidan no serlo nunca—, pueden perfectamente