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118 Ana María Larrea Maldonado
coexistir los dos sistemas: uno, similar al actual, en que solo haya descentralización
de gestión; y otro en que haya verdadero autogobierno a nivel seccional (Maruri y
Azín, 2008a: 1-2).
Al defender el carácter voluntario del proceso se prioriza nuevamente la libertad
por sobre la igualdad. Obviamente, las que «están listas» para una verdadera autonomía
política son las provincias con mayores recursos y los dos Distritos Metropolitanos
del país. Quienes, en su momento, se opusieron al planteamiento del
Estado plurinacional, defienden la autonomía política y la unidad en la diversidad,
pero no para los pueblos y nacionalidades ancestrales, sino para aquellos
territorios con «capacidad» para asumir la autonomía. El énfasis en el carácter
voluntario del proceso es apoyado por César Rohón (César Rohón, 2008c: 3).
Pablo Lucio Paredes comparte la idea de un sistema mixto: uno de descentralización
y otro de autonomías:
Los territorios escogerán entre dos opciones (pudiendo más tarde pasar del primero
al segundo), solo los que tienen una población mínima pueden acceder al segundo:
descentralización o autonomías. Deben existir estándares mínimos en cada caso (más
exigentes para las autonomías naturalmente), y la posibilidad de escoger competencias
adicionales por encima de estos mínimos (Paredes, 2008d: 1).
El informe de minoría propone la ampliación de la potestad legislativa para el
gobierno intermedio a través de la creación de un parlamento o asamblea regional:
[…] el hecho de que no se haya incluido en la estructura de las regiones y los distritos
una figura afín a un parlamento o asamblea regional, y que en lugar de ello se haya
creado órganos colegiados más parecidos a los que hoy hay a nivel cantonal y provincial,
es una señal de que se está pensando en una potestad legislativa limitada, no propia
de entes verdaderamente autónomos políticamente.
[…] para poder hablar de un régimen de autonomía política, es necesario dotar a los
nuevos gobiernos autónomos (es decir a los de las regiones y de los distritos) de una
verdadera potestad legislativa en las materias de su competencia, sean éstas exclusivas
o compartidas con el gobierno central. Dotarlos de esta potestad implicaría excluir
claramente y de forma definitiva al legislativo y ejecutivo central […] de la regulación
de esas materias, salvo en aquellos casos en los que expresamente se establezca una
potestad compartida (Maruri y Azín, 2008a: 5).
En esta propuesta, la legislación sobre las materias residuales sería asumida por
las regiones y los distritos, mientras que para las concurrentes, el Estado central
emitiría la norma común y las regiones y distritos la norma específica para sus
localidades (Maruri y Azín, 2008a: 5-6). Para resolver los conflictos de competencias,
proponen que se aplique el criterio de competencia y no el principio de jerarquía.
De este modo, las normas autonómicas «podrán prevalecer aún sobre normas
de rango superior (como leyes orgánicas) si es que existe una invasión de
éstas en el ámbito de competencias de aquellas» (Maruri y Azín, 2008a: 6).
Proponen además que los gobiernos regionales deben tener la potestad de
definir sus órganos de gobierno en su estatuto y no tener una estructura única e
igual para todos, «pues justamente uno de los elementos de la autonomía es poder
decidir sobre la configuración de las instituciones propias» (Maruri y Azín, 2008a: 9).