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110 Ana María Larrea Maldonado
La propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente
La Asamblea Nacional Constituyente fue una oportunidad histórica para el
replanteamiento de la relación entre modo de acumulación y estructura del
Estado. Por primera vez, se parte de la discusión de una propuesta nacional
que implica la oportunidad de «diseñar un proyecto de totalidad y no desde las
partes como había sido la norma hasta ahora» (Carrión, 2008: 41). No se trata
entonces de esbozar una nueva administración territorial del país, sin diseñar
las necesarias articulaciones entre la estructura territorial propuesta y las
apuestas para el cambio programático en términos de generación de riqueza y
de su distribución.
No es casual entonces que uno de los temas más debatidos, y cuya complejidad
dificultó la búsqueda de soluciones consensuadas durante la Asamblea
Nacional Constituyente, haya sido el de la organización territorial del Estado. Las
organizaciones de los distintos niveles de gobierno seccional (Consorcio de Consejos
Provinciales, CONCOPE; Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME;
y el Consejo Nacional de Juntas Parroquiales del Ecuador, CONAJUPARE) participaron
activamente en el debate. El texto constitucional aprobado por la Asamblea
recoge los puntos de acuerdo entre los distintos actores involucrados en la temática.
En el informe de mayoría para el primer debate en el pleno se señala que «se
receptaron 91 propuestas escritas […], se recibieron en comisión general a 33 delegaciones
y 12 expositores; se efectuó un taller sobre descentralización, se realizaron
cinco mesas itinerantes […] y se efectuaron 61 sesiones» (Hidrovo y otros,
2008: 1); lo que da cuenta de la enorme participación que suscitó el tema. Luego
de álgidas discusiones y no pocos conflictos, la Asamblea Nacional Constituyente
plantea importantes innovaciones en la Carta Constitucional.
Los cambios propuestos persiguen un objetivo fundamental: construir un
país con equidad territorial, lo que significa que ya no habrán cantones de primera,
de segunda y de tercera; cantones muy bien articulados a los mercados
internacionales y otros abandonados y botados a su suerte. El diagnóstico presentado
en el informe de mayoría ubica al centralismo como el principal problema
para construir la equidad territorial, concretar una democracia participativa
y generar una verdadera cohesión del Estado nacional (Hidrovo y otros,
2008: 1).
La cohesión del Estado bajo formas democráticas implica acercar el poder
a la población, construir nuevos poderes y redistribuir el poder existente, en la
perspectiva de diseñar un nuevo modelo de Estado. Para ello, es indispensable
disminuir las asimetrías entre niveles de gobierno (municipios, consejos provinciales
y juntas parroquiales) y dentro del mismo nivel de gobierno (municipios
ricos y pobres). De ahí que lo que se busca es que la descentralización sea un
medio para ampliar la democracia, mejorar la calidad de vida y alcanzar el Buen
Vivir (Carrión, 2008: 35-36).
En este marco, la Constitución de 2008 plantea cambios importantes en
torno a la organización territorial del Estado, a través de la creación de un nuevo
nivel territorial y de gobierno, como nivel intermedio; al sistema de competencias,
a la asignación de recursos y a los regímenes especiales. Pasaremos a analizar
en detalle los principales cambios constitucionales en cada uno de estos
puntos.