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Estado y configuración territorial en el Ecuador 89
altísima equidad. Así, según los datos presentados por el informe de mayoría para
el primer debate del pleno de la Asamblea Constituyente, sobre la organización
territorial del Estado, las transferencias totales en relación a la población cantonal
muestran un coeficiente de Gini de 0,15 y las transferencias establecidas en
las leyes, un coeficiente de Gini del 0,09. Al analizar la relación entre transferencias
totales y población total, solo un 5% de las transferencias totales muestran
que éstas son asignadas por otras variables que no son el número de habitantes.
Las tendencias para el caso de los consejos provinciales arrojan similares resultados.
Este análisis muestra que el criterio fundamental para la asignación de recursos
ha sido la población, mientras que el peso que se ha dado a otros criterios, que
permiten una mayor equidad territorial, como necesidades básicas insatisfechas
o pobreza de consumo ha sido mínimo. Por ello, el informe de mayoría concluye
que «no se están entregando más recursos a los más pobres sino a los cantones
más poblados» (Hidrovo y otros, 2008: 8).
Históricamente, en el Ecuador se ha vivido una lógica de acoso corporativo
al Estado, que se expresa en el reparto institucional a determinados grupos de
presión y en una ocupación privada, incluso familiar, de las esferas de decisión
pública, lo que ha dado paso a la configuración de un Estado «patrimonialista»,
que usa los recursos públicos en beneficio de redes clientelares y de las empresas
privadas (Barrera, Ramírez y Rodríguez, 1999: 190; Tapia, 2006: 22).
La configuración histórica del espacio ecuatoriano refleja dos procesos convergentes:
el centralismo y el regionalismo, ambos marcados por el carácter bipolar
de la estructura económica, social y política, en un Estado con dificultades de
integración (Castillo, 2008: vii). El discurso regionalista se activa en períodos de
crisis como «artefacto de visibilización o canalización de otro tipo de intereses»,
un ejemplo claro en este sentido fue el intento de León Febres Cordero de salvar
al Banco del Progreso, en el marco de la crisis financiera nacional, que activó el
discurso regionalista, como mecanismo de presión para defender los intereses de
la banca guayaquileña.
La crisis económica, social y política del país al iniciar el siglo XXI, como en
otros períodos de la historia del Ecuador, fue el marco adecuado para una reactivación
contundente del problema regional, en un período de hiperpolitización
de la vida pública. «La cuestión regional aparece como una suerte de “caballo de
Troya” en el que vienen anexados otros proyectos política y económicamente más
trascendentes para los actores que los movilizan» (Barrera, Ramírez y Rodríguez,
1999: 95).
Las identidades territoriales se afirman, en primer término, en confrontación
con el centralismo, y en segundo lugar en contra de las conformaciones de
los niveles territoriales concentradoras de poder y riqueza; dando lugar a discursos
autonomistas, federalistas o descentralizadores. Se movilizan entonces, disputas
entre las principales ciudades del país (Quito y Guayaquil); entre la periferia
y el centro; entre regiones (Costa, Sierra y Amazonía); entre polos dentro de
una misma región (Guayas y Manabí / Pichincha y Azuay) e incluso al interior de
cada provincia (Santo Domingo y Pichincha; Santa Elena y Guayas; La Concordia y
Esmeraldas) (Barrera, Ramírez y Rodríguez, 1999: 225).
Las relaciones entre el Estado nacional y los poderes locales no pueden
ser entendidas de una forma unidireccional en la que el fortalecimiento del
primero va de la mano con el debilitamiento de los segundos o viceversa. Por
el contrario, se trata de una relación de mutuas influencias, que se remoldea