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58 Ana María Larrea Maldonado
En otra línea de argumentación, de corte liberal, Rosanna Queirolo defiende
la unidad jurisdiccional como garantía de la igualdad de la ciudadanía ante la ley:
[…] el pluralismo jurídico […] trae más problemas, más incertidumbres y menos seguridad
jurídica para los habitantes del Ecuador.
La conquista de la modernidad que intentaba asegurar la igualdad esencial de todo
ser humano, sin distinción de clases o abolengo, ahora en el Ecuador […] se tendrá
que repensar. A partir de ahora no vamos a estar todos los ciudadanos sometidos a un
mismo Derecho o sistema normativo, ahora dependerá en función del grupo al que
pertenezcamos la jurisdicción y el Derecho que se va a aplicar, si antes a las personas
se les aplicaba el Derecho según su rango social o según el oficio que practicaba, ahora
de acuerdo al proyecto que se discute, se lo hará en función del grupo o colectivo al
que se pertenezca, es decir un retorno posmoderno al derecho medieval. Es de mi profunda
convicción que todos somos iguales ante la Ley y que no es válido catalogar a
cada individuo, juzgarlo y penarlo en función de un territorio de la nación o de la pertenencia
grupal. El viejo esquema medieval de diferencias injustificadas fue superado
por la unidad jurisdiccional, pues de acuerdo a este principio no importa que apellido
se tiene, a que clan se pertenece, que oficio ejerzo, de que ciudad se es oriundo,
lo único que importa es que se es ciudadano y que todos sin privilegios y distinción
somos juzgados por un solo y mismo poder jurisdiccional. La idea era acabar los privilegios
asegurando la igualdad esencial ante una misma y sola ley. Nada de separados
pero iguales (Queirolo, 2008e: 1).
Habría que preguntarse qué tan iguales ante la ley han sido los pueblos indígenas
en una sociedad como la ecuatoriana en la que ni siquiera se les ha permitido
ejercer su derecho a la defensa en su idioma materno y en donde se ha mercantilizado
la justicia bajo el poder del dinero. El reconocimiento a la diferencia permite
una aproximación más efectiva al ideal de igualdad.
Los derechos como pilares del Buen Vivir
Las innovaciones fundamentales en el campo de los derechos, desde la perspectiva
del Buen Vivir en la nueva Constitución del Ecuador, parten del reconocimiento del
Estado como «constitucional de derechos y justicia» (art. 1), frente a la noción tradicional
de Estado social de derechos. Este cambio implica el establecimiento de
garantías constitucionales que permiten aplicar directa e inmediatamente los derechos,
sin necesidad de que exista una legislación secundaria. La Constitución ecuatoriana
amplía además las garantías, sin restringirlas a lo judicial. Existen tres tipos
de garantías: normativas, de políticas públicas y jurisdiccionales (Ávila, 2008: 3-4).
De este modo, la política pública pasa a garantizar los derechos.
Uno de los elementos claves en la concepción del Buen Vivir es la integralidad,
la vida concebida como un todo indivisible. La noción de integralidad se
hace efectiva en la nueva Carta Magna del Ecuador al no establecer jerarquías
entre los derechos, superando aquella visión que los tipologizaba en: fundamentales
(primera generación), económicos, sociales y culturales (segunda generación)
y colectivos (tercera generación).
Al separar y jerarquizar los derechos, el pensamiento liberal apuntala un
sesgo individualista y deshace el eje social que los cruza. Esto lleva en la práctica
a la existencia de derechos fundamentales y secundarios; bajo esta concepción,
los únicos derechos verdaderos son los civiles y políticos, y los otros