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La discusión sobre el desarrollo 57
Nuevamente, las salidas propuestas colocan a los intercambios económicos y al
mercado en el centro de la solución, pues es impensable optar por soluciones no
económicas bajo la visión mercadocéntrica del desarrollo.
Sin embargo, el tema que mayor debate suscitó y mayores calificativos despertó
fue la propuesta de considerar a la justicia indígena como una jurisdicción.
En este debate se despiertan todas aquellas concepciones etnocéntricas, colonialistas
y racistas presentes en la sociedad ecuatoriana. Epítetos como bárbaros,
populacho, turba, involución jurídica, medieval, estuvieron presentes en
el debate. Vicente Taiano, en su calidad de jefe del bloque del PRIAN, presenta
los comentarios de su partido respecto a la justicia indígena, en los siguientes
términos:
Los medios de comunicación colectiva han difundido con frecuencia, las bárbaras
formas de ejercicio de una ancestral justicia indígena […]
Esta nueva y extraña forma de jurisdicción ha ocasionado ya la muerte de algunos ciudadanos,
que –delincuentes o no– en virtud del principio universal de tutela jurisdiccional
debieron tener derecho a la protección y tutela del Estado, y que no tenían
por qué haber sido sometidos a esa peligrosa concepción social de justicia por mano
propia, que además de violentar flagrantemente el art. 191 de la Constitución, no ha
sido confiada a verdaderos tribunales de carácter indígena, como debió haber sido
instituida de conformidad con el mandato constitucional, sino que es ejercida por el
populacho que «juzga» y condena en base a la emotividad del momento y no con la
fría objetividad que debe tener un juez.
Lo terrible es que a esas peligrosas prácticas, exteriorizadas en una justicia de turba,
nos encontramos expuestos todos quienes no tenemos la condición de indígenas.
[…]
el problema radica precisamente, en el procedimiento en el cual se veja, se humilla
y se tortura a compatriotas, con ésta «novedosa» concepción jurisdiccional que
ha representado un fenómeno de involución jurídica, un verdadero retroceso del
Derecho Constitucional Ecuatoriano a la par de un retraso severo en las concepciones
sociales de un país que pretende definirse como civilizado.
[…]
Nunca habrá verdadera prosperidad en una sociedad que no desarrolla una justicia
pacífica […]. Y aún un futuro que desterrase totalmente la miseria, no sería un futuro
deseable si la comunidad que lo alcanza, no desarrolla los postulados éticos tendientes
a erradicar la violencia que –indudablemente algún día– terminará con el género
humano y con toda forma de civilización sobre la faz de la tierra.
Es indudable que la historia del ser humano no es otra cosa que la historia de la crueldad.
Pero es inaudito que aún en pleno siglo XXI, existan sociedades como la ecuatoriana
en las cuales las normas constitucionales se encuentran orientadas a promoverla,
en lugar de procurar suprimirla.
[…]
Por lo demás, el establecer una jurisdicción especial para nuestros hermanos indígenas,
solo es el reconocimiento y la expresión de la incapacidad del Estado para
administrar justicia en condiciones de equidad general a toda su población (Taiano,
2008c: 1-3).
Para Taiano, el reconocimiento a la justicia indígena no es otra cosa que «institucionalizar
la tortura» (2008c: 1-3). No se reconoce el pluralismo jurídico, ni
las capacidades comunitarias para la rehabilitación de quien infringió la norma;
tampoco la violencia que representa el sistema judicial occidental, y se atribuye a
los jueces occidentales una suprema «objetividad».