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Territorio, descentralización y desarrollo 115
este rol está ligado a la disminución de las asimetrías económicas y sociales en la
región. El principal rol de los gobiernos provinciales en este nuevo esquema es el
de articular los esfuerzos cantonales en el territorio provincial. El rol fundamental
de los municipios es la prestación de servicios públicos locales y el ordenamiento
territorial cantonal. Finalmente, las juntas parroquiales estarían a cargo
de promover la participación y el control social en todos los niveles de gobierno y
ser el enlace entre los gobiernos y la ciudadanía.
Lamentablemente, la Constitución de 2008 no logra esta diferenciación
funcional y en el caso de los gobiernos regionales descuida fuertemente
su rol en términos de desarrollo económico, lo cual puede traer serios problemas
en el momento de operativizar la propuesta y de disminuir las asimetrías
territoriales.
Regímenes especiales
Al igual que la Constitución de 1998, la nueva Carta Magna reconoce regímenes
especiales de gobierno territorial: los Distritos Metropolitanos, el Distrito Especial
de Galápagos y las Circunscripciones Territoriales Indígenas, Afroecuatorianas
o Montubias, y presenta avances importantes al respecto
Los Distritos Metropolitanos asumirán las competencias de los municipios,
más aquellas competencias de los gobiernos provinciales y regionales que les
sean aplicables. Se faculta a dos o más cantones contiguos a formar un Distrito
Metropolitano, siempre y cuando tengan al menos el 7% de la población nacional.
El procedimiento para la creación de Distritos Metropolitanos es el mismo que el
establecido para la creación de una región.
Se establece atención especial a las zonas de frontera y por razones ambientales
regímenes especiales para las provincias amazónicas y para Galápagos.
En cuanto a las Circunscripciones Territoriales Indígenas, Afroecuatorianas
o Montubias, el avance más importante en relación a la Constitución de 1998 es
que éstas reemplazan a los gobiernos locales correspondientes en el territorio y,
por consiguiente, reciben los recursos del Estado central que corresponden a su
nivel de gobierno. En 1998 se facultaba a los pueblos indígenas y afroecuatorianos
a formar circunscripciones territoriales, pero no se establecía las competencias
de las mismas y tampoco se les asignaban recursos económicos, por lo que esta
disposición, al igual que muchas otras, nunca logró hacerse realidad. Un segundo
avance importante es que en la nueva Constitución se define claramente el procedimiento
para crear una circunscripción territorial indígena, afroecuatoriana o
montubia, mediante una consulta popular a la población del territorio en cuestión.
Un tercer avance es el reconocer las circunscripciones territoriales no solamente
para indígenas y afroecuatorianos, como en la Constitución de 1998, sino
también para los pueblos montubios. El principal límite respecto a las circunscripciones
territoriales fue el haberlas restringido a la actual división políticoadministrativa
del Ecuador.
Por último, la nueva Constitución establece con claridad el Régimen Especial
para Galápagos, cuya administración estará a cargo de un consejo conformado
por un delegado de la Presidencia de la República, quien lo presidirá y por
los alcaldes.