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60 Ana María Larrea Maldonado
El debate constituyente sobre los derechos de la naturaleza
Uno de los cambios fundamentales expresados en la nueva Constitución de la
República del Ecuador, que da cuenta de una renovada concepción de desarrollo
y es parte del nuevo paradigma del Buen Vivir, es sin duda el reconocimiento de
los derechos de la naturaleza. En este acápite se analizarán los principales planteamientos
de la oposición en el pleno de la Asamblea Nacional Constituyente
frente a la propuesta del bloque del gobierno para el reconocimiento de los derechos
de la naturaleza.
Se cuestionó la pertinencia de reconocer derechos a la naturaleza argumentando
que se estaría poniendo al ser humano al mismo nivel que la naturaleza
(Maruri, 2008d: 1), que «estaríamos comparando hombres con árboles»; que «el
derecho existe por los seres humanos y para los seres humanos, por la simple
e ineludible razón de que su lenguaje solo tiene sentido para ellos» (Queirolo,
2008d: 3-4). Se señaló que lo correcto es reconocer el derecho del ser humano a
vivir en un ambiente sano, no de la naturaleza; Diana Acosta, señala al respecto:
La Naturaleza no es un ente objeto de derecho, y en consecuencia, no puede de ninguna
manera reconocérsele derechos […]. En otras palabras el derecho es de las personas
a tener un medio ambiente sano, no de la naturaleza a ser respetada (Acosta,
2008d: 1-2).
De esta manera, los asambleístas de oposición expresan sus cuestionamientos
a incluir en el nuevo pacto de convivencia a la naturaleza. Como bien lo anota
Boaventura de Sousa Santos: la historia de la modernidad es la lucha por la redefinición
de los criterios de inclusión / exclusión del contrato social, y este proceso
obviamente casusa innumerables resistencias. El contrato social fruto de
la modernidad se basó en la exclusión de la naturaleza (que fue vista como una
amenaza o como un recurso), de los no ciudadanos y de la vida privada (espacio
doméstico) (Santos, 2005: 8-9).
A más de la pertinencia de reconocer derechos a la naturaleza, lo que más
cuestionamientos suscitó en la oposición fue la prohibición de privatizar los servicios
ambientales (Rohón, 2008b; Guillem, 2008b; Maruri, 2008d). Diana Acosta
señala:
La prohibición que se establece sobre la privatización y cualquier forma de propiedad
sobre los servicios ambientales estaría en contra de las conversaciones que la actualidad
maneja la ONU respecto al manejo de servicios ambientales. Por ejemplo, se está
debatiendo el tema de pago por servicios ambientales, es decir, el pago para la conservación
de la naturaleza. Si quisiera el Ecuador beneficiarse de estos tratados, y nuestros
ciudadanos puedan suscribir convenios para pago por conservación de nuestra
naturaleza, debería poder tener cierta capacidad para ejercer una propiedad sobre los
servicios ambientales que implementará sobre sus tierras (Acosta, 2008d: 5).
Nótese que en los temas relacionados con derechos, generalmente el punto fundamental
de discrepancias se da cuando se topan los intereses del mercado. Esto
se observa tanto en el debate sobre derechos de las comunas, pueblos y nacionalidades,
cuando se cuestiona la protección de los saberes ancestrales, cuanto en el