60 Ana María Larrea Maldonado El debate constituyente sobre los derechos de la naturaleza Uno de los cambios fundamentales expresados en la nueva Constitución de la República del Ecuador, que da cuenta de una renovada concepción de desarrollo y es parte del nuevo paradigma del Buen Vivir, es sin duda el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. En este acápite se analizarán los principales planteamientos de la oposición en el pleno de la Asamblea Nacional Constituyente frente a la propuesta del bloque del gobierno para el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Se cuestionó la pertinencia de reconocer derechos a la naturaleza argumentando que se estaría poniendo al ser humano al mismo nivel que la naturaleza (Maruri, 2008d: 1), que «estaríamos comparando hombres con árboles»; que «el derecho existe por los seres humanos y para los seres humanos, por la simple e ineludible razón de que su lenguaje solo tiene sentido para ellos» (Queirolo, 2008d: 3-4). Se señaló que lo correcto es reconocer el derecho del ser humano a vivir en un ambiente sano, no de la naturaleza; Diana Acosta, señala al respecto: La Naturaleza no es un ente objeto de derecho, y en consecuencia, no puede de ninguna manera reconocérsele derechos […]. En otras palabras el derecho es de las personas a tener un medio ambiente sano, no de la naturaleza a ser respetada (Acosta, 2008d: 1-2). De esta manera, los asambleístas de oposición expresan sus cuestionamientos a incluir en el nuevo pacto de convivencia a la naturaleza. Como bien lo anota Boaventura de Sousa Santos: la historia de la modernidad es la lucha por la redefinición de los criterios de inclusión / exclusión del contrato social, y este proceso obviamente casusa innumerables resistencias. El contrato social fruto de la modernidad se basó en la exclusión de la naturaleza (que fue vista como una amenaza o como un recurso), de los no ciudadanos y de la vida privada (espacio doméstico) (Santos, 2005: 8-9). A más de la pertinencia de reconocer derechos a la naturaleza, lo que más cuestionamientos suscitó en la oposición fue la prohibición de privatizar los servicios ambientales (Rohón, 2008b; Guillem, 2008b; Maruri, 2008d). Diana Acosta señala: La prohibición que se establece sobre la privatización y cualquier forma de propiedad sobre los servicios ambientales estaría en contra de las conversaciones que la actualidad maneja la ONU respecto al manejo de servicios ambientales. Por ejemplo, se está debatiendo el tema de pago por servicios ambientales, es decir, el pago para la conservación de la naturaleza. Si quisiera el Ecuador beneficiarse de estos tratados, y nuestros ciudadanos puedan suscribir convenios para pago por conservación de nuestra naturaleza, debería poder tener cierta capacidad para ejercer una propiedad sobre los servicios ambientales que implementará sobre sus tierras (Acosta, 2008d: 5). Nótese que en los temas relacionados con derechos, generalmente el punto fundamental de discrepancias se da cuando se topan los intereses del mercado. Esto se observa tanto en el debate sobre derechos de las comunas, pueblos y nacionalidades, cuando se cuestiona la protección de los saberes ancestrales, cuanto en el
La discusión sobre el desarrollo 61 debate sobre los derechos de la naturaleza al prohibirse la apropiación de los servicios ambientales. Parece ser, que el resto de temas dentro de estos debates fueron percibidos por los grupos dominantes como simples declaratorias sin mayor trascendencia o afectación a sus intereses.
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