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100 Ana María Larrea Maldonado
En aquellos años, Franklin Ramírez realizó un estudio sobre siete propuestas
de descentralización presentadas por diversos actores regionales, intelectuales
e institucionales 35 . Allí observa la centralidad del tema presupuestario en las
propuestas, la concepción del Estado como un ente administrativo y no como
un organismo que gobierna, el carácter minimalista de las propuestas en cuanto
a sus «contenidos, alcances y potenciales efectos», la falta de reflexión sobre el
modo de desarrollo, el tipo de sociedad que se pretende construir y los objetivos
de la descentralización. Las propuestas planteadas tenían «un corte económico
más que político, administrativo más que territorial, y sobre todo instrumental
a determinados intereses económicos y políticos de las élites locales más que a
una visión de des-compresión del estado, la nación y la sociedad en su conjunto»
(Barrera, Ramírez y Rodríguez, 1999: 98).
En pleno auge neoliberal, las propuestas del discurso dominante veían a la
descentralización como parte del proceso de reducción del tamaño del Estado a
favor de los gobiernos locales. No había campo para planteamientos redistribuidores
y que preconizaran la equidad territorial en el marco de una nueva concepción
del Estado y asegurando adecuados niveles de articulación entre niveles
de gobierno. A lo mucho, los discursos descentralizadores abogaban por romper
el bicentralismo. La ola autonomista de fin de siglo es además un efecto del
derrumbe del Estado, producto de las políticas de liberalización. No se puede
hablar entonces de una descentralización del Estado, sino de una descentralización
«en contra del Estado […] pensada desde los espacios locales y en exclusivo
beneficio de aquellos» (Barrera, Ramírez y Rodríguez, 1999: 109).
La descentralización de un sistema político con un Estado débil implica grandes riesgos:
tendencia de secesión y autonomía, proliferación de las corrupción en todos los
niveles del Estado tal como una gobernabilidad reducida en un sistema territorial
multinivel (Merkel, 2008: 60).
Es notoria además la falta de una propuesta desde el gobierno central frente a
estos temas: «el malestar regional y las voces descentralizadoras han publicitado
el tema, volverlo tópico de conversación y disputa pública, a pesar o en contra del
Estado» (Barrera, Ramírez y Rodríguez, 1999: 106).
Después de la ola de propuestas autonomistas y del derrocamiento del
gobierno de Jamil Mahuad, el nuevo Presidente de la República, Gustavo Noboa,
plantea realizar una consulta nacional, que nunca se llega a concretar, y en el año
2001 presenta el Plan Nacional de Descentralización, cuyos objetivos tienen que
ver «con el mejoramiento en la provisión de los servicios, un nuevo diseño institucional
representativo, la reducción de costos administrativos y una cercanía
entre las autoridades elegidas y los ciudadanos» (Honorable Consejo Provincial
de Cotopaxi, 2001: 23).
Augusto Barrera realizó algunas críticas al Plan de Descentralización propuesto
por Noboa. Entre las principales, se destacan: a) la propuesta se limita a
aspectos administrativos, sin tocar aspectos estructurales; b) se centra en la descentralización
de lo social, sin tomar en cuenta lo económico; c) no toma en
35 Las propuestas analizadas por Ramírez son: Fuerza Ecuador, Asociación de Municipalidades del
Ecuador, Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador, Fernando Carrión, Ricardo Noboa,
Franklin López Buenaño y el Comité Cívico Interinstitucional de Manabí.