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114 Ana María Larrea Maldonado<br />

mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Con el fin<br />

de articular acciones entre el nivel nacional y la escala local, la nueva Constitución<br />

institucionaliza los gabinetes territoriales, a los que asistirán los gobernadores<br />

regionales, los alcaldes metropolitanos y obviamente, el Ejecutivo (Presidente<br />

de la República y Ministros). Los gabinetes territoriales tienen como objetivo dar<br />

seguimiento en los territorios a las acciones gubernamentales y establecer mecanismos<br />

de complementariedad y apoyo a las acciones de los gobiernos locales.<br />

Con ello se asegura una mayor coordinación de las acciones de los niveles nacional<br />

y regional en los territorios.<br />

Para la escala local y sus distintos niveles de gobierno, la nueva Constitución<br />

también establece mecanismos de coordinación. En la escala provincial,<br />

se establece que los consejeros provinciales serán los alcaldes o vicealcaldes de<br />

los municipios y los representantes de las juntas parroquiales. Anteriormente,<br />

los consejeros eran elegidos por votación universal en sus respectivas provincias.<br />

Con esta iniciativa se asegura una mayor articulación entre Consejos Provinciales,<br />

Municipios y Juntas parroquiales. Las máximas autoridades del Consejo<br />

Provincial (Prefecto/a y Viceprefecto/a) serán elegidas por votación universal<br />

en binomio.<br />

En las propuestas presentadas al país en el año 1999, Fuerza Ecuador planteaba<br />

la necesidad de articular los gobiernos municipales con los Consejos Provinciales,<br />

a través de la participación de los alcaldes cantonales en el seno del<br />

gobierno provincial. Autonomía Manabí planteaba la creación de Consejos de<br />

Desarrollo Provincial; en lugar de los Consejos Provinciales, estas instancias<br />

estarían conformadas por un gobernador electo, consejeros electos, representantes<br />

de las municipalidades y del gobierno nacional, y varios representantes<br />

de distintos sectores de la sociedad civil (Barrera, Ramírez y Rodríguez, 1999:<br />

61).<br />

En los municipios, la nueva Constitución establece que los concejales representarán<br />

proporcionalmente a la población urbana y rural del cantón. Este mecanismo<br />

busca asegurar la equitativa participación de las áreas urbanas y rurales en<br />

la gestión municipal, lo que obliga a pensar el territorio cantonal como una totalidad<br />

y enfatizar las articulaciones y relaciones entre el campo y la ciudad. En las<br />

zonas rurales además se fortalece el nivel de gobierno más cercano a la población,<br />

las Juntas Parroquiales, quienes en la nueva Constitución, adquieren muchísimas<br />

más competencias que en la Constitución de 1998, adquiriendo capacidad<br />

de ejecución.<br />

Todos los niveles de gobierno territorial actualmente existentes (Consejos<br />

Provinciales, Municipios y Juntas Parroquiales) incrementan sus competencias<br />

en comparación con las que les eran reconocidas previamente en las leyes<br />

respectivas.<br />

Si bien el establecer competencias obligatorias para cada nivel de gobierno<br />

es un gran avance respecto a la Constitución de 1998, la nueva Carta Magna no<br />

logra una clara diferenciación de funciones y roles para cada nivel de gobierno.<br />

Muchas de las llamadas «competencias exclusivas» no lo son, y hay superposición<br />

de funciones entre niveles. Lo ideal hubiese sido una mejor definición de<br />

roles para cada nivel de gobierno; así el rol fundamental del gobierno intermedio<br />

es el de articular el desarrollo local con el desarrollo nacional, impulsando procesos<br />

de desarrollo económico regional. Desde una perspectiva que promueve el<br />

sumak kawsay, en la que el centro del desarrollo económico sea el ser humano,

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