1gp2NwltQ

120 Ana María Larrea Maldonado
donde solamente aquellas regiones «con capacidad» puedan acceder al estatuto
autonómico.
No todos los asambleístas de oposición mostraron su acuerdo con la creación
del nivel intermedio de gobierno. Diana Acosta, por ejemplo, se opone a ello
argumentando que implica «más burocracia y más confusión de competencias»
y propone que se permita «a los Consejos Provinciales y Concejos Municipales
constituirse en regiones autónomas» (Acosta, 2008e: 2).
En relación al sistema de competencias, el informe de minoría defiende que
la transferencia de competencias debe ser voluntaria y no obligatoria (Maruri y
Azín, 2008a: 7). Consideran que se debería incrementar las competencias de las
regiones autónomas y los distritos metropolitanos con el fin de incentivar la conformación
de regiones y diferenciar claramente las competencias del nivel intermedio
de gobierno:
[…] si no se da a las regiones y a los distritos mayores competencias —o mayor capacidad
de asumir competencias— que a las provincias y los cantones, no habrá novedad
en el sistema, y se habrá creado un nuevo nivel de gobierno casi idéntico al ya
existente. […] podría ser conveniente que existan ciertas competencias […] que únicamente
puedan salir de manos del estado central si pasan a una región o distrito,
pero no a una provincia o cantón […] las competencias de salud y educación son buenos
ejemplos. Esto constituiría un incentivo a la creación de regiones (Maruri y Azín,
2008a: 7-8).
Las regiones autónomas y los distritos metropolitanos deben ser sustancialmente
distintas a las provincias y cantones en sus competencias (deben poder asumir más
y mayores competencias) y en sus potestades legislativas (deben poder normar más
temas) (Maruri y Azín, 2008b: 1).
Rossana Queirolo comparte el criterio de que las regiones autónomas y los distritos
metropolitanos deberían tener la capacidad para poder asumir mayores competencias
que las provincias y los cantones, y que por lo tanto es necesario diferenciar
el nivel local del nivel intermedio de gobierno, de manera que se incentive
la conformación de las regiones (Queirolo, 2008f: 3).
Pablo Lucio Paredes propone que las regiones autónomas puedan «tomar
decisiones sobre tributos nacionales dentro de los límites que determine la ley»
(Paredes, 2008e: 1).
El debate en torno a las competencias de salud y educación fue altamente
controversial. En contraposición a lo planteado en el informe de minoría, varios
sectores, incluido el Movimiento Popular Democrático, defendían que estas competencias
sean privativas del gobierno central (Ávila, 2008: 1). Pablo Lucio Paredes,
al contrario, propone que estas competencias sean asumidas por los niveles
subnacionales:
El Estado Central fijará las políticas y normas generales del sistema, pero las entidades
del régimen seccional autónomo asumirán las competencias en materia educativa,
bajo criterios de desconcentración, descentralización y/o autonomía administrativa,
financiera y pedagógica conforme a la ley. Se respetará la libertad de los modelos
de gestión territorial, local y de las unidades educativas que, apegados a la normativa
general, cumplan eficientemente con los objetivos de la educación (Paredes, 2008e: 1).