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Territorio, descentralización y desarrollo 97
Con la transición democrática en 1979, la JUNAPLA se transforma en el Consejo
Nacional de Desarrollo (CONADE), que elabora el Plan para el gobierno de Roldós-Hurtado
(1980-1984). A partir de entonces, la planificación nacional empieza
a perder relevancia en la política pública. El Plan Nacional de Desarrollo para el
período de gobierno de Febres Cordero (1984-1988) «carecía de orientación estratégica
y exponía un conjunto de múltiples microproyectos, iniciativas e intervenciones
desconectados que ratificaban el desinterés por la planificación nacional»
(SENPLADES, 2009a: 58).
En los años ochenta, con la inmersión de las políticas neoliberales, se posterga
el debate regional, se inicia el proceso de desmantelamiento del Estado y
empieza a cobrar fuerza el tema del desarrollo local. En este marco, empieza en
los noventa a plantearse nuevamente el tema de la descentralización desligado al
debate del desarrollo regional y más bien articulado al tema de la modernización
del Estado y las privatizaciones. En 1993 se crea el Consejo Nacional de Modernización
(CONAM) con el fin de llevar adelante tres temas fundamentales: la modernización,
la descentralización y las privatizaciones. En 1997 se promulgó la Ley
Especial de Descentralización del Estado y Participación Social, en la que se establece
la transferencia progresiva del 15% del presupuesto general del Estado a los
gobiernos locales, que al año siguiente sería elevada a mandato constitucional.
El incremento progresivo de recursos fiscales a los Gobiernos Seccionales contribuyó
a su fortalecimiento (Honorable Consejo Provincial de Cotopaxi, 2001: 11;
Castillo, 2008: iv).
Con la Constitución de 1998, el CONADE es reemplazado por la Oficina de
Planificación (ODEPLAN) y prácticamente se abandona la planificación nacional,
la que es sustituida por el diseño de planes de desarrollo provincial y municipal.
De este modo, la década de los noventa corresponde al auge de la planificación
local, con un apoyo importante de la cooperación internacional para el desarrollo
(SENPLADES, 2009a: 58-59).
Varios analistas consideraron que la constitución de 1998 fue profundamente
descentralizadora, pues declaró que todo era descentralizable, excepto «la
defensa y la seguridad nacionales, la dirección de la política exterior y las relaciones
internacionales, la política económica y tributaria del Estado, la gestión de
endeudamiento externo» (Constitución Política del Ecuador, 1998: art. 226). No
obstante, a diez años de su promulgación, el país poco avanzó en términos de
descentralización. En la práctica, solamente los gobiernos locales de las ciudades
más grandes del país (Quito, Guayaquil y Cuenca) y algunos municipios pequeños
que contaron con gran apoyo de la cooperación internacional (como Cotacachi)
asumieron competencias adicionales, mientras la gran mayoría de municipios
del país continuaron desempeñando sus roles tradicionales, pese a que se
emprendieron algunos esfuerzos desde los distintos gobiernos nacionales para
promover la descentralización 34 .
Si los planteamientos «descentralizadores» en el Ecuador fueron tan fuertes,
¿por qué la descentralización ha fracasado en el país?
Aunque, por un lado, la Constitución de 1998 pregonaba que todo era descentralizable,
no presentó ningún mecanismo concreto para poder efectivamente
34 Recordemos todo el intento que se hizo para transferir competencias en ambiente y turismo a
los gobiernos locales, como parte del programa neoliberal que pretendía evitar cualquier tipo de
regulación del Estado sobre los bienes ambientales.