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Territorio, descentralización y desarrollo 121
Para la competencia de educación, Pablo Lucio Paredes complementa su propuesta
al plantear que el proceso de descentralización debe complementarse
hacia las organizaciones ciudadanas:
Los padres de familia, la comunidad, grupos de personas naturales o jurídicas, los
maestros y los educandos […] podrán asumir el manejo de los centros educativos en
base a contratos y planes de trabajo establecidos con el Gobierno en cualquiera de
sus niveles, y la correspondiente evaluación de su cumplimiento (Paredes, 2008e:
2).
Se esboza de esta manera una propuesta en que la competencia de educación es
compartida por todos los niveles de gobierno y por la ciudadanía.
Otro tema planteado en el informe de minoría fue la necesidad de preservar
las competencias ya transferidas a los gobiernos autónomos antes de la vigencia
de la nueva Constitución (Maruri y Azín, 2008b: 8), en clara defensa de la competencia
de registro de personas asumida por la Municipalidad de Guayaquil. César
Rohón sí es explícito sobre este tema cuando sostiene.
Entre las competencias privativas del gobierno nacional se ha considerado a la «política
de registro de personas naturales», sin considerar las competencias que al
momento han adquirido gobiernos seccionales como el de Guayaquil […]. Ninguna
persona en este país puede dejar de reconocer la eficiencia y excelencia con que se
presta este servicio en la ciudad de Guayaquil […]. Este proyecto debe ser emulado por
otros cantones y provincias y estimulada su acción desde el gobierno central, pero de
ninguna manera eliminarla como se pretende (Rohón, 2008c: 2).
El informe de minoría critica el listado de competencias exclusivas de los distintos
niveles de gobierno, propuesto por la mayoría por ser «muy similares […] y terminan
por configurarse como competencias compartidas más que como competencias
exclusivas y excluyentes» (Maruri y Azín, 2008a: 8). Este planteamiento
es recogido también en las observaciones realizadas por Rossana Queirolo (Queirolo,
2008f: 4).
Pablo Lucio Paredes propone «considerar que la ciudadanía, mediante sus
organizaciones sociales y productivas, es la última instancia de subsidiariedad
para ámbitos precisos de la gestión pública» (Paredes, 2008d: 1), y cuestiona la
creación del Sistema Nacional de Competencias porque «reintroduce el centralismo
en el proceso que debería ser mucho más automático. Y se deja la puerta
abierta a que el Estado Central tenga competencias adicionales a las señaladas»
(Paredes, 2008e: 1).
En relación a los recursos de los gobiernos descentralizados, el informe
de minoría sugiere elevar el porcentaje de la preasignación del gobierno central
para los gobiernos autónomos de 20% a 30% y no establecer la diferenciación
entre ingresos corrientes e ingresos de capital, sino hablar de los ingresos totales,
con excepción de los ingresos de crédito y de la seguridad social (Maruri y Azín,
2008a: 10). Esta propuesta es apoyada por César Rohón (Rohón, 2008c: 1). Pablo
Lucio Paredes propone que los recursos se repartan «automáticamente en base
a la entrega de competencias, más no con transferencias adicionales de solidaridad»
(Paredes, 2008d: 1) y que el Ministerio de Finanza cuente con un Sistema
Nacional de Cuentas Territoriales (Paredes, 2008e: 4).