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Territorio, descentralización y desarrollo 95
En este período se completa el avance de la frontera étnica, a través del
mecanismo de la apropiación de las tierras de reversión. Los Municipios requerían
asumir la autoridad sobre esas tierras, para lo cual se utilizó el mecanismo
de declararlas tierras de reversión, es decir, las tierras que regresaban al Municipio
por no haber sido utilizadas por los indios. «También se utilizó la noción de
«zona urbana» como sinónimo de modernización y se asoció a los indios con el
pasado rural, con el desorden, para quitarles la jurisdicción a los indios» (Ramón,
2004: 150).
En el tercer período de construcción nacional (1861-1875), durante el Garcianismo,
se evidencia una nueva tendencia de búsqueda de la centralidad y la
unidad nacional. García Moreno impulsó tres reformas que se cristalizaron en la
octava Constitución del Ecuador, conocida como «Carta Negra». La primera consistía
en la adscripción directa de las provincias al Ejecutivo, a través de la designación
presidencial a los gobernadores, jefes y tenientes políticos. La segunda
reforma imponía restricciones a la autonomía municipal, de modo que todas las
resoluciones de los municipios tengan que ser aprobadas por los gobernadores, y
designando a los jefes políticos como la primera autoridad cantonal, por encima
de los municipios. La tercera reforma suprimía los municipios provinciales y
parroquiales, dejando únicamente los cantonales (Ramón, 2004: 151).
Entre 1875 y 1895 se evidencia un agotamiento de los procesos de integración
nacional por la vía normativa y se buscan acciones materiales para la articulación
del espacio nacional, ligadas además al boom cacaotero (Ramón, 2004: 153).
Eloy Alfaro lidera una serie de reformas tendientes a dotar al Estado ecuatoriano
«de un mayor control territorial y social, consolidando un aparato burocrático
que impuso su influencia sobre las municipalidades» (Ojeda, 2000: 4). Sin
embargo, en la Constitución alfarista (1906) se reconoce a las municipalidades
con funciones privativas e independientes de los otros poderes del Estado, siempre
y cuando no sean contrarias a la legislación nacional (Hernández, s/f: 2).
La Revolución Juliana (1925) constituye un hito importante para afianzar la
estructuración del Estado central, pues es el primer intento de modernización de
la gestión pública, con el fin de responder a las exigencias de la expansión capitalista
en el Ecuador. En esta etapa, se centralizan las rentas públicas, se asumen
como responsabilidades exclusivas del Estado la organización aduanera, presupuestaria
y las funciones de control. Se crean una serie de instituciones claves
para la administración central, como el Banco Central, instaurando la emisión de
moneda por parte del Estado, el Banco Hipotecario (Banco de Fomento), la Caja de
Pensiones y Jubilaciones, el Servicio Geográfico Militar, la Procuraduría General
de la Nación, entre otras (Ojeda, 2000: 5-7; Hernández, s/f: 1).
En este período también se empiezan a perfilar los primeros intentos por
contar con una planificación nacional, aunque todavía pensada estrictamente en
términos económicos. Así, en 1933 surge un conjunto de planteamientos sobre la
organización económica del país, que se recogen en el Plan de Estrada. En 1935, se
crea el Consejo de Economía (SENPLADES, 2009a: 57).
Durante el gobierno de Enríquez Gallo se fortalece el papel regulador del
Estado. En este período es significativa la promulgación del Código de Trabajo
(1938). La revuelta popular de 1944 permitió la generación de una nueva constitución
en 1945, que instaura los Consejos Provinciales y Cantonales, reconociendo
su autonomía y las posibilidades de elección popular de las autoridades locales
(Hernández, s/f: 2).