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Territorio, descentralización y desarrollo 103<br />
b. La visión neoliberal. La descentralización se enmarca dentro del proceso<br />
de reducción del tamaño del Estado, los procesos de desregulación y ajuste.<br />
De este modo, se plantea que funciones que anteriormente competían al Estado<br />
central pasen a niveles subnacionales o a la empresa privada, bajo el supuesto de<br />
lograr una mayor eficiencia y eficacia de la gestión pública. Se busca una articulación<br />
directa de los territorios locales a la economía global. Desde esta perspectiva,<br />
todo puede ser descentralizado, tal y como lo reconocía la Constitución de 1998;<br />
excepto la seguridad externa, la política tributaria, la política de endeudamiento<br />
y el comercio exterior.<br />
En un país marcado por profundas diferencias regionales, como el Ecuador,<br />
una de las primeras inquietudes que aparecen frente a esta propuesta es el tema<br />
de la equidad. Algunas regiones tienen posibilidades de articulación más o menos<br />
exitosa a la economía global, otras quedarían totalmente fuera del proceso. ¿Qué<br />
futuro tendrían las regiones «inviables» y las poblaciones «inviables» dentro de<br />
las regiones «prósperas»? El sentido, las formas y mecanismos de redistribución<br />
son asuntos que quedan por fuera del debate en la perspectiva neoliberal.<br />
En dos estudios auspiciados por el Banco Mundial para evaluar los resultados<br />
de la descentralización en América Latina, Tim Campbell constata que «la<br />
pobreza aumentó en la región dramáticamente en el lapso en el cual muchos países<br />
traspasaban la autoridad del gasto a los gobiernos locales» y concluye diciendo<br />
que las acciones de los gobiernos locales «no están coordinadas a los programas<br />
nacionales, nos son sostenibles en términos fiscales y, en muchos sentidos, son<br />
inherentemente inequitativas e ineficientes bajo las condiciones actuales» (1993:<br />
73-74, cit. por Barrera, Ramírez y Rodríguez, 1999: 11).<br />
Una segunda inquietud tiene relación con el tema de los recursos económicos.<br />
En un contexto de ajuste del Estado, los requerimientos económicos<br />
para llevar adelante un proceso descentralizador son siempre insuficientes. Si el<br />
objetivo es alcanzar mayor eficiencia y eficacia en los servicios públicos, es necesaria<br />
una fuerte inversión de recursos. La descentralización, en ningún lugar<br />
del mundo ha permitido ahorro de recursos, por el contrario requiere montos<br />
mucho mayores de inversión pública. Al analizar los costos económicos de la<br />
descentralización es necesario tomar en cuenta, primero, el costo de la competencia,<br />
es decir, la necesidad de contar con presupuestos que cubran en óptimas<br />
condiciones las necesidades sociales, lo cual está bastante alejado de la realidad<br />
pues los presupuestos para las áreas que se pretende descentralizar (salud,<br />
educación, turismo, ambiente, agricultura) son presupuestos deficitarios en el<br />
nivel central. Un segundo aspecto es el costo de la transferencia, pues es necesario<br />
generar las capacidades locales para la gestión eficiente y eficaz de estas<br />
responsabilidades, lo que requiere también de inversión en recursos económicos<br />
y humanos. De no asumirse estos costos dentro de un proyecto descentralizador,<br />
se termina transfiriendo el déficit y la conflictividad social a los niveles<br />
subnacionales.<br />
Una tercera inquietud se refiere a la necesidad de regulación por parte del<br />
Estado central y de contar con políticas públicas nacionales, dentro de la construcción<br />
de un proyecto de país. Existen una serie de temas que requieren regulación<br />
desde el nivel central y transferirlos a los niveles subnacionales puede ocasionar<br />
un proceso de desregulación, que atente contra los derechos ciudadanos.<br />
En este ámbito es necesario pensar en la construcción de políticas públicas con<br />
participación local, construidas desde abajo hacia arriba.