JUICIO DE INCONFORMIDAD - Tribunal Electoral del Poder ...

SG-JRC-523/2012
Debe considerarse también que no existe forma de probar tal
situación de manera directa, ya que no existe obligación a cargo
de los partidos o candidatos de registrar una estructura formal de
campaña en la cual eventualmente se pudiese incluir al
responsable de realizar y enviar los boletines de prensa, por lo que
tal situación en su caso debe probarse de manera indirecta,
cobrando particular relevancia las consideraciones realizadas por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, al resolver el expediente SUP-RAP-542/2011 sobre
las pruebas indirectas, que suelen ser confundidas con meros
indicios; más adelante se abundará al respecto.
La difusión del boletín, y su respectiva publicación, tuvo como
propósito resaltar ante el electorado que el C. Gerardo Figueroa
Zazueta profesa la religión católica, que tiene ese vínculo religioso
del cual espera obtener provecho en la contienda electoral, para
obtener así simpatías que se traduzcan en votos el día de la
jornada electoral. No es ordinario que alguien que ejerce su
libertad de culto, envíe o permita que a su nombre se envíe un
comunicado de prensa. No es ordinario que dos medios de
comunicación distintos publiquen una nota de un ciudadano que
asiste a una misa. Resulta claro pues, el contexto político electoral
que envuelve dicho acto religioso.
No existe tampoco a la fecha, en el expediente o en la opinión
pública, un deslinde de dicha conducta ni del candidato ni de los
Partidos Políticos que lo postularon sobre tal evento. Por tanto,
debe estimarse, que tal evento ocurrió tal y como lo sostiene la
sentencia, pero que no se encuentra al amparo del artículo 24
Constitucional, sino que fue claro que se trató de un acto de
propaganda, desde el momento en que también en términos de la
sentencia está demostrado que se difundió dicho evento,
configurándose así un acto de campaña en la modalidad de
reunión pública, con elementos de propaganda electoral
consistente en escritos, publicaciones e imágenes, en un templo
público, utilizando símbolos e imágenes religiosas en clara
contravención al artículo 130 Constitucional.
A juzgar por la interpretación que realiza la autoridad responsable
pareciera que en su concepto únicamente es posible considerar
como acto de campaña o de propaganda electoral un evento
religioso, sólo si aparece expresamente en el catálogo previsto por
el artículo 210 del Código Electoral de Sonora.
Para evitar repeticiones ociosas, nos remitimos al texto de la
demanda original en cuanto a los conceptos y la gravedad de tales
conductas.
En cuanto a lo sintetizado en el punto número 2, hay que tener en
cuenta que las certificaciones por notario público de las páginas de
internet, se ofrecieron para demostrar la difusión que se hizo de tal
evento político religioso, el cual se insiste en que no fue
controvertido por el tercero interesado y el Tribunal responsable lo
tuvo por cierto, resulta sorprendente que el Tribunal responsable
demerite su valor probatorio con el argumento de no tener certeza
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