JUICIO DE INCONFORMIDAD - Tribunal Electoral del Poder ...

SG-JRC-523/2012
ser electa consejera municipal del Partido Revolucionario
Institucional en Puerto Peñasco, compromete su objetividad,
independencia e imparcialidad, aún y cuando no resultase electa.
Esto, ya que la teleología de los requisitos previstos en los
artículos 92 con relación al 107 del Código Electoral de Sonora,
permiten concluir que es deseo del legislador Sonorense que
quienes aspiren a ser consejeros electorales ya sea Estatal o
Municipal, no tengan relación alguna con los partidos políticos en
los últimos tres años, en cargos tales como dirigente o candidato,
cargo que como se insiste, la C. Reyes Ortiz estuvo dispuesta a
ocupar demostrando lealtad y disciplina al Revolucionario
Institucional, solo que no fue electa, pero si existió su disposición
al respecto, que no se cumplió por razones ajenas a la ciudadana.
Al respecto de la interpretación de las calidades de
independencia, objetividad e imparcialidad de los funcionarios
electorales existen diversos precedentes de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
específicamente lo resuelto en el SUP JRC 25/2007 y SUP JRC
18 / 2008.
En este orden de ideas, el hecho que la referida funcionaría
electoral haya participado en la convocatoria para integrar el
Consejo Político del PRI en Puerto Peñasco, no es cosa menor,
ya que de acuerdo a los artículos 145 fracción III, 150 y 151 de los
Estatutos del Revolucionario Institucional, así como la
convocatoria para participar en tal proceso electivo, se exige para
competir:
Mínimo dos años de militancia;
Ser cuadro de convicción revolucionaria, de
comprobada disciplina y lealtad al Partido, contar con
arraigo y prestigio entre la militancia y la sociedad,
tener amplios conocimientos de los postulados del
Partido y reconocido liderazgo;
Como se mencionó en el escrito primigenio, con independencia de
los requisitos que pueda establecer una ley secundaria como lo es
el Código Electoral para el Estado de Sonora, es evidente que a
dichos requisitos deben agregarse los exigidos por la norma
fundamental, en este caso el que el ciudadano electo para el
cargo electoral, garantice los ya referidos principios
constitucionales de la función pública electoral: imparcialidad,
objetividad e independencia.
Tal situación, también debe valorarse para sopesar su
determinancia a la luz del criterio cualitativo, por tratarse de una
violación directa al marco constitucional.
Así tenemos, que una funcionaría electoral que no reúne en su
persona los ya referidos principios rectores de la función pública
electoral, ejerció durante todo el proceso electoral las funciones
que se desprenden de la transcripción de los siguientes artículos
del Código Electoral de Sonora:
ARTÍCULO 102.- (Se trascribe)
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