JUICIO DE INCONFORMIDAD - Tribunal Electoral del Poder ...

SG-JRC-523/2012
actos de sus militantes, candidatos registrados y simpatizantes.
3. Caso Tepotzotlán (SUP-JRC-069/2003)
En este asunto, con motivo de la utilización de una cruz en la
propaganda del candidato, la Sala Superior estableció que, de
una interpretación al artículo 130 constitucional, se desprendían
principios explícitos que rigen las relaciones entre las iglesias y
el Estado, a saber:
a) Se establece de manera absoluta el principio histórico de
separación entre las iglesias y el Estado. En consecuencia, se
impone la obligación a las iglesias de sujetarse a la ley
civil, siendo competencia exclusiva del Congreso de la Unión
legislar en materia de iglesias y culto público;
b) Se establecen, como marco normativo para la legislación
secundaria -misma que será de orden público-, las siguientes
directrices: a) Tanto iglesias como agrupaciones religiosas
tendrán personalidad jurídica; b) Como consecuencia del
principio de separación entre las iglesias y el Estado se
determina que: I) Las autoridades civiles no intervendrán en la
vida interna de las asociaciones religiosas; II) Mexicanos y
extranjeros, cumpliendo los requisitos de ley, podrán ser
ministros de culto; III) Los actos del estado civil de las personas
son de la exclusiva competencia de las autoridades civiles; IV)
Existen diversas prohibiciones y limitantes en materia política y
electoral.
Asimismo, en dicho asunto se hizo referencia a la iniciativa de
reformas constitucionales, por la cual, en mil novecientos
noventa y dos se reformó el artículo citado de la Constitución
Federal, y en donde después de algunas referencias históricas
del proceso de secularización y afirmación del Estado mexicano,
se dijo: Hoy, el Estado está firmemente sustentado en la vida
de la nación. Por eso, la separación del Estado y las Iglesias
requiere que en la esfera de las creencias religiosas no
intervenga el Estado, y que las Iglesias y los ministros no
intervengan en los asuntos públicos de Estado y gobierno. La
regulación política de la vida pública corre por cuenta
exclusiva del Estado, el cual no señalará nunca preferencia o
interés por religión, creencia o iglesia alguna, ni promoverá su
negación.
Pero igualmente, se advirtieron principios implícitos del propio
artículo 130 constitucional, y en los cuales se encuentra aquel
referente a que dada su especial naturaleza y considerando la
influencia que tienen los símbolos religiosos sobre la comunidad,
así como atendiendo a lo importante y delicado que es la
participación política y electoral, los institutos políticos se
deben abstener de utilizarlos, a efecto de conservar la
independencia de criterio y racionalidad en cualquier aspecto de
la vida política del Estado y su gobierno.
De esta forma, se dijo que, al excluir a los partidos políticos de la
participación en cuestiones religiosas, lo único que se estaba
haciendo era conseguir que el elector participara en política de
manera racional y libre, para que, una vez llegado el caso,
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