JUICIO DE INCONFORMIDAD - Tribunal Electoral del Poder ...

SG-JRC-523/2012
la toma de protesta del cargo, el cual en términos de dicho
transitorio debió protestar el día de entrada en vigor de la Ley, es
decir el día 16 de Marzo de 2004, pero dicha protesta se formalizó
hasta el día 21 de julio de 2006, por lo que en términos del
referido artículo transitorio, el pasado día 22 de julio de 2012,
venció el termino para el cual fue designada, careciendo así de
facultades constitucionales y legales para integrar el pleno del
Tribunal Electoral.
Tal situación causa agravio en mi perjuicio, en virtud de que
fuimos juzgados por un órgano integrado indebidamente, y por lo
tanto con falta de competencia para ello, ya que incluso fue la
magistrada que ocupaba el cargo de manera ilegal, quien
presentó el proyecto que término(sic) siendo votado por mayoría
en la instancia local, siendo su participación decisiva en el fallo
que se controvierte.
Todo lo anterior, es independiente de la serie de litigios que al
respecto se han intentando tanto en la vía de amparo, el cual es
notoriamente improcedente en materia electoral y menos aun en
la designación de funcionarios electorales según reciente criterio
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; incluso el propio
Partido Acción Nacional presento un juicio de revisión
constitucional electoral en contra de la omisión del Congreso del
Estado de nombrar a un nuevo Magistrado Propietario para el
tribunal de Sonora, ya que, constitucionalmente no procede la
suspensión tratándose de actos electorales.
En este orden de ideas, tenemos pues que existiendo una
magistrada supernumerario con nombramiento vigente, esta pudo
ser llamada para ocupar el cargo que ilegalmente ocupo la C.
María Teresa González Saavedra, e integrar así de manera
constitucional y legal el órgano jurisdiccional, por lo que sobra
insistir en que no fui juzgado por una autoridad competente.
RECAPITULACIÓN. Como esta sala revisora podrá advertir, en la
impugnación primigenia se plantearon agravios encaminados a
lograr la revocación de la declaración de validez de la elección
impugnada y como consecuencia la constancia de mayoría
entregada con el respectivo cómputo que le dio origen.
Como ya se demostró, las consideraciones torales que sostuvo la
autoridad para declarar improcedente el recurso de queja, son
insuficientes ya que carecen de debida fundamentación y
motivación, y por otra parte se dejaron muchos argumentos
planteados y pruebas ofrecidas, sin pronunciamiento por parte de
la autoridad jurisdiccional, lo cual constituye falta de
exhaustividad.
Así mismo, las pruebas sobre las que se pronunció la autoridad
fueron mal analizadas, mal valoradas y por lo tanto
descontextualizadas de lo que se pretendía demostrar.
El estudio por parte de esta Sala Regional, generará certeza a sus
integrantes que en la elección de Presidente Municipal de Puerto
Peñasco, se violentaron gravemente cuatro principios
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