Curso de Economía Ecológica. Martínez Alier

do a empresas contaminantes. En principio se podría aplicar a consumidores contaminantes. O, a
nivel mundial, se podría aplicar para distribuir las reducciones de dióxido de carbono teóricamente
prometidas en la Conferencia de Río de Janeiro de 1992. Agarwal y Narain (del Centro de Ciencia
y Medio Ambiente de Nueva Delhi) argumentaron, en efecto, que deberían reducirse las emisiones
por persona de dióxido de carbono al nivel absorbible por la nueva vegetación o por los océanos.
La mayor parte de habitantes del mundo están por bajo de ese nivel, pero otros están muy por encima.
Cada país tendría derecho a una cuota de emisión igual a su número de habitantes multiplicado
por ese nivel tolerable por persona, y podría vender la parte de la cuota que no utiliza. Por el
momento, esa propuesta no ha sido aceptada.
Nuestro ejemplo se refiere a emisiones de SO 2. Supongamos que en un área determinada hay unas
emisiones de tantos cientos de miles de toneladas de dióxido de azufre por año, y que las autoridades
quieren conseguir un nivel inferior. El primer paso es distribuir permisos de contaminación
equivalentes a ese nivel inferior. Esa distribución puede hacerse de dos modos:
- Subastando los permisos entre las empresas de esa región, según el principio “el contaminador
paga”;
- Entregando los permisos gratuitamente, según (por ejemplo) una determinada proporción de
las emisiones anteriores de cada empresa.
Veamos cómo funciona ese sistema. Supongamos que una central térmica que produce kwh produce
también dióxido de azufre. La valoración económica (ya sea mediante el costo de restauración
del daño o mediante la averiguación de la disposición a aceptar indemnizaciones de los contaminados)
no tiene porqué ser aceptada. Mucho menos podemos determinar un punto de contaminación
óptima donde el daño económico marginal se iguale al costo marginal de dejar de contaminar
(ya sea instalando equipo descontaminador o, en último término, dejando de producir kwh). Supongamos,
sin embargo, que aunque no conocemos el costo marginal de esa externalidad sí conocemos
ese costo marginal de la descontaminación (Fig. III.4.1).
Supongamos ahora que la autoridad política ni coloca un standard o norma obligatoria máxima de
emisión de dióxido de azufre a cada empresa respaldada por multas u otros castigos, ni tampoco
coloca un impuesto sobre las emisiones de dióxido de azufre, sino que anuncia ese nuevo sistema,
a primera vista tan escandaloso: permisos o licencias comerciables de contaminación. Obviamente,
el primer paso es saber cuántas licencias se van a dar, o lo que es lo mismo, cuánta emisión de SO 2
en toneladas/año se va a permitir. Desde fuera de la economía, a través de un proceso científicopolítico
de evaluación social, se decide que el total de contaminación será tanto (el nivel OS en la
Fig. III.4.1), por ejemplo un nivel que sea un 30 por ciento inferior al anterior. Pero ahora en vez de
castigar penal o administrativamente a los infractores una vez repartido el nivel agregado tolerado
de emisiones entre las empresas, lo que se hace es anunciar ese nuevo sistema de permisos negociables.
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