prueba - Semana.com

imposibilidad legal de admitir la administración de la cosa pública bajo parámetros
de intereses personales o políticos y el abuso de la función pública para ponerla a
disposición de los mismos fines, todo ello en razón o con ocasión al trámite de un
proyecto legislativo de interés para el ejecutivo.
Se estaría en este evento en presenciaNo obstante, de una la valoración del material
probatorio, se concluye que los investigados no incurrieron en ilicitud sustancial,
por el abusono abusaron de sus funciones, prerrogativas y cargos al haber ofrecido y
otorgadono otorgaron la vinculación de recomendados de la servidora pública
YIDIS MEDINA PADILLA con ocasión o por razón del trámite de un del proyecto
legislativo de interés para el Gobierno, desconociendo su deber de sujeción a la función y
servicio público y poniendo éstos al servicio de sus propios intereses y de terceros. de
Acto Legislativo.
El servicio público se concreta como un elemento del estado de derecho y encuentra en él
su razón de ser y su justificación, sustentado en principios sustanciales consagrados en
reglas sociales que lo hace opuesto al poder sin límites, opera en este estadio el principio
de sujeción, que se erige como la exigencia sin excepción de ajustar el ejercicio de la
función pública a los fines del Estado, sometiendo el poder público a las normas jurídicas
preestablecidas y definidas al marco regulatorio del servicio público.
Ninguna función pública puede estar exenta de cumplir la Constitución y la Ley y su
afectación por acción, omisión o extralimitación generan actos de poder contrarios a la
actividad de la administración, sobre los cuales debe recaer la acción disciplinaria,
mandato constitucional contenido en el artículo 6 de la carta.
En este evento los investigados, SABAS PRETELT DE LA VEGA, HERNANDO
ANGARITA FIGUEREDO Y DIEGO PALACIO excedieron el marco regulatorio de sus
actuaciones, vulnerado el Estado de Derecho, ejecutando ofrecimientos y actos
contrarios a sus funciones en beneficio de otro servidor público con ocasión del trámite
adelantado por el legislativo afectando las limitaciones impuestas por el principio de
sujeción, al desconocer en el ejercicio de su gestión política de estado que las potestades
que ejercían son regladas y que desde la posición de Gobierno solo les está permitido lo
que Constitucional y Legalmente se encuentra previsto a sus cargos, atribuciones que se
derivan de la investidura otorgada.
Los servidores con sus comportamientos infringieron los deberes e incurrieron en las
prohibiciones que prevé la Ley 734 de 2002 al decir: Artículo 34, numerales: “1. “Cumplir y
hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución…las leyes, los
Página 117 de 182
Fallo de Única instancia Exp. 001-105507-04