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“Ofrecer el servidor público, directa o indirectamente, la vinculación de recomendados a la
administración o la adjudicación de contratos a favor de determinadas personas, con
ocasión o por razón del trámite de un proyecto legislativo de interés para el Estado…“.
En este evento se declina la imputación respecto al numeral 60 del mismo artículo que
prevé: “Ejercer las potestades que su empleo o función le concedan para una finalidad
distinta a la prevista en la norma otorgante”, toda vez que la finalidad censurada que fue
dada a las potestades del empleo y función se encuentra subsumida en el tipo previsto en
el numeral 41 y su imputación en concurso no es procedente.
En consideración a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se han efectuado
las conductas atribuibles a los funcionarios del Gobierno Nacional, todos ellos reconocidos
políticos con trayectorias de servicio público y social ampliamente conocidas, permite
considerar que la intención manifiesta de sus actividades durante el trámite del proyecto
de reforma constitucional en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, no
era otra que asegurar la aprobación del proyecto a través del ejercicio del poder que
ostentaban, del que se valieron y en el que se extralimitaron, para ponerlo al servicio y
voluntad de la Representante YIDIS MEDINA PADILLA.
En estas condiciones la falta disciplinaria se imputa a título de dolo por considerar que el
comportamiento de los agentes y los esfuerzos conjuntos desplegados para la obtención
del fin común, apuntan a demostrar que en su empeño y despliegue de poder era claro el
conocimiento que tenían de la irregularidad de su actuar, habiendo ejercido sus
comportamientos consciente y voluntariamente, dando cumplimiento a los acuerdos
previos a la decisión desde la posición individual de cada uno de los agentes, todos ellos
integrantes del gobierno, que logró su objetivo político – partidista y éxito de su causa
política.
La intención de los actores era común a todos ellos y a su causa, los servidores, con
amplia experiencia y conocimiento en la actividad y la cosa pública, consciente y
voluntariamente, se apartaron de la Constitución y la Ley, abandonando su deber especial
de sujeción y desbordando la función pública asignada, para ejecutar una conducta que
trascendió y extralimitó la función pública asignada.
En este evento los investigados, SABAS PRETELT DE LA VEGA, HERNANDO
ANGARITA FIGUEREDO y DIEGO PALACIO no excedieron el marco regulatorio
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Fallo de Única instancia Exp. 001-105507-04