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autonomía e independencia de los Congresistas, que es en últimas su afectación la
conducta que se reprocha. .
Suficiente evidencia se consigna en la investigación respecto a la permanente interferencia del señor
Ministro del Interior y del Director de Asuntos Políticos y electorales del Ministerio del Interior, en
la determinación y voluntad de voto de la Congresista YIDIS MEDINA PADILLA, y desde esa
época se dejó evidencia de los ofrecimientos efectuados a la mencionada a través, inicialmente, de
inversión social en su región, que si bien es uno de los objetivos de los voceros políticos que tienen
asiento en las corporaciones públicas, no lo es como una herramienta de negociación, de presión y
de compraventa, sino como un objetivo de gestión que se refleja en el cumplimiento de los deberes
del Gobierno y en las actividades que ejerza sobre el particular el congresista. Acorde a las
razones ampliamente expuestas, no se configura el cargo disciplinario precedente
dado que no se acreditó que los disciplinados hayan utilizado sus designios
públicos para obtener un beneficio para sí y para otro en su interés político
partidista de aprobación a la reelección presidencial ejerciendo coacción en el voto
final de la congresista.
La Corte Suprema de Justicia en providencia del 8 de abril de 2008, radicado 29110 ha dicho:
“…Por lo tanto, como ahora ocurre, el acto consistente en ejecutar “uno contrario a sus deberes
oficiales” se manifiesta en la recepción de dádivas con el fin de asumir en el proceso legislativo un
posición favorable a intereses…, independiente de que haya votado a favor de una disposición que
en lo formal puede estar de acuerdo con la Constitución pero cuya legitimidad se afecta por la
ilicitud mediante la cual se logra el consenso. El derecho disciplinario como expresión del
derecho sancionatorio, tiene su fundamento en los especiales deberes de sujeción
predicable de quienes desempeñan funciones públicas; en consecuencia, la
afectación se remite a la imposibilidad legal de admitir las potestades del cargo
para influir de manera indebida en la aprobación de una proposición legislativa en
la que se tenga un interés personal de carácter político y además partidista,
afectando la imparcialidad y libre autodeterminación de otros servidores.
En otras palabras, dado el amplio poder de configuración del que dispone el legislador, la
ejecución de un acto contrario a las funciones no es posible definirla a partir de ese supuesto, sino
de otros previos que indican que la función debe ejecutarse atendiendo parámetros propios de los
procesos participativos que desde el mismo preámbulo de la Constitución definen el carácter del
Estado, se realiza no atendiendo el interés general sino el del que ha entregado el dinero o pagado
la coima…”. Esta conducta, como se dictaminó, no se encuentra consolidada en el
sub-júdice y por ende, será desestimado el cargo aplicando el principio conforme
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Fallo de Única instancia Exp. 001-105507-04