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Ahora bien, aunaún cuando es cierto que en la misma reforma se contemplaron
mecanismos que garantizaran la imparcialidad e igualdad de los candidatos en las
contiendas electorales en las que participara el Candidato – Presidente, en el
curso de esta investigación, se ha hecho evidente para este Despacho que hizo
necesario examinar si en el trámite de discusión y aprobación del proyecto de
reforma constitucional, pudieron haberse quebrantado la imparcialidad y moralidad
de los servidores públicos que estando al servicio del Estado y de sus
instituciones, al parecer, de manera abierta y contraria a los fines de la función
pública se pusieron al servicio de la maquinaria política con fines e intereses
eminentemente personales con afectación de sus deberes y obligaciones
ingresando en el ámbito de infracción al Código Disciplinario Único.
Tal como lo dijo este despacho a través del concepto emitido al término del traslado de la
Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el Acto Legislativo 02 de 2004, "Por
medio del cual se reforman algunos artículos de la Constitución Política de
Colombia y se dictan otras disposiciones”, dentro del expediente D-5656 adelantado
por la Corte Constitucional, concepto 3842, no era esa la instancia legitimada para
resolver el cargo formulado, bajo el entendido que:
“… Ahora bien, la acusación relacionada con la presión e influencia que ejerció el
Gobierno sobre los miembros del CongresoSiendo en aras de la aprobación del acto
legislativo de reelección presidencial, así como la relativa al ejercicio de la función
colegisladora en nombre propio y no del interés colectivo, descansa en fundamentos
puramente subjetivos que escapan del juicio de constitucionalidad. Al respecto, la Corte
Constitucional ha señalado que “el control de constitucionalidad no recae sobre los hechos
o circunstancias fácticas que los actores juzgan contrarios a las disposiciones
constitucionales o al reglamento del Congreso y que hubieren podido producirse durante el
desarrollo de las sesiones del Congreso” 1 . En ese orden, “la Corte (…) en manera alguna
está llamada a enjuiciar la conducta política que está detrás de la actividad del Congreso” 2
de ahí que “si detrás de la norma que se acusa existe un abuso de poder legislativo, dicho
asunto escapa por completo del análisis que corresponde realizar a la Corte en el marco
de la acción pública de inconstitucionalidad” 3 .(subraya fuera de texto)
Sin embargo, siendoconsecuencia esta la instancia disciplinaria de los actores e
independiente de las decisiones tomadas por la Corte Constitucional, resulta
1 Corte Constitucional, sentencia C-387 de 1997
2 Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001
3 ibídem
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Fallo de Única instancia Exp. 001-105507-04