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una contraprestación futura con alcance delimitado, es decir, que se sustrae del interés
común o general que debe perseguir toda decisión de un congresista en el ejercicio de su
magna función, y de la transparencia y objetividad con que actuar como tal, de allí que de
haber sido cierto que su decisión personal en el asunto estuvo motivada o influenciada
por el ánimo de obtener para su círculo personal determinado beneficio, considero que se
hubiera configurado el conflicto de intereses…”Los aspectos precedentes a juicio del
Despacho son indicativos de la falta de parcialidad de las manifestaciones
efectuadas en la diligencia de indagatoria y su nutrido grado de sospecha porque
bien podría considerarse el interés de la congresista de involucrar a servidores
públicos en las conductas de reproche penal consolidando así el reconocimiento
del delito de cohecho, respecto del cual a la postre fue condenada por la Corte
Suprema de Justicia al acoger la emisión de sentencia anticipada deprecada por la
congresista la cual se profirió el 26 de junio de 2008. (fls 1041 a 1071 del cdno
11).
El Consejero termina indicando que la única justificación para exonerar a la ex congresista
de responsabilidad, es la deficiencia probatoria del trámite adelantado y no por la
ausencia de irregularidad. De ahí que para el Despacho, como las declaraciones de
la indagada se hacen en el marco de un proceso penal respecto del cual su
finalidad fue reconocer el ilícito de cohecho, actuación que incluso motivó el
acogimiento a la sentencia anticipada, es evidente que el interés de la ex
congresista en ese momento estaba afectado por un móvil personal y subjetivo
consistente en lograr que se judicializara a los “emisarios” del Gobierno en la
comisión de conductas delictuosas y por ende, como no pudo recaudarse en esta
instancia la declaración de la ex congresista, pese a la insistencia de los
investigados para hacerlo, razón que se justificó en que no era posible obligarla a
declarar dado que ello implicaría coacción o fuerza como incluso lo manifestó la
propia doctora YIDIS MEDINA al dejar constancia en la diligencia vista a folios 162
a 175 del cuaderno cinco (5) de que ello constituía en su contra incriminación, es
comprensible la falta de valor probatorio dentro del trámite del disciplinario de la
mencionada diligencia de connotación penal y su ineficacia para configurar los
cargos disciplinarios endilgados a los encartados.
A las manifestaciones anteriores se une la justificación consignada en el impedimento
presentado ante la Plenaria de la Comisión Primera de la Cámara, en la que haciendo
alusión a la misma situación manifiesta de viva voz:En ese orden, no es dable
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Fallo de Única instancia Exp. 001-105507-04