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compromiso gubernamental de efectuar una mayor inversión en su región, circunstancias
que no era objeto de debate en ese momento y que se consolida como uno de los
ofrecimientos efectuados por los miembros del gobierno representado por el Ministro del
Interior; lógico y coherente resulta resaltar la condición política de la servidora que fue así
influenciada bajo el compromiso de obtener un beneficio a partir de su decisión de voto en
el proyecto legislativo de interés del gobierno y que amerita considerar que el cargo
endilgado ha sido sustentado.
CALIFICACION DE LA FALTA Y FORMA DE CULPABILIDAD
Los comportamientos y conductas que constituyen la censura disciplinaria del cargo
endilgado contra los disciplinados en auto del 27 de Junio de 2008, han sido confirmados
y reforzados por las pruebas posteriormente practicadas, que convergen en el designio
único del actor de ejercer las potestades y prerrogativas del cargo para obtener un
beneficio para si y para otro en su interés político partidista de aprobación a la reelección
presidencial.
El derecho disciplinario como expresión del derecho sancionatorio tiene su fundamento en
los especiales deberes de sujeción predicable de quienes desempeñan funciones
públicas, en consecuencia, la afectación se remite a la imposibilidad legal de admitir el
empleo de las potestades del cargo para influir de manera indebida en la aprobación de
una proposición legislativa en la que se tiene un interés personal de carácter político y
además partidista, afectando la imparcialidad y libre autodeterminación de la
parlamentaria, en esa época, YIDIS MEDINA PADILLA. La conducta se encuentra
consolidada desde el ofrecimiento efectuado y la postulación de los intereses personales
de las partes por encima del interés general y público, aunque en este evento se haya
agotado la conducta con la obtención del voto positivo. Se predica así la afectación del
deber funcional que se ve menguado de manera injustificada y que fundamenta la
responsabilidad del actor y la imposición de sanción disciplinaria, porque la ilicitud
sustancial en el derecho disciplinario se consolida con la infracción al deber funcional del
empleado.
Conforme a lo normado en el artículo 6 de la Constitución Política “Los particulares sólo
son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las Leyes. Los
servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el
ejercicio de sus funciones” y en este evento, como se ha indicado se produjo una clara
extralimitación de funciones por parte del doctor SABAS PRETELT DE LA VEGA y del
doctor HERNANDO ANGAROTA FIGUEREDO.
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Fallo de Única instancia Exp. 001-105507-04