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Estado debe ser ejercida de forma responsable y eficiente, atendiendo a los intereses de
la nación y puesta la mira en el bien común.
Se estaría en este evento en presencia de una ilicitud sustancial, por el desconocimiento
de la relación de sujeción que existe entre el servidor y la administración y servicio
público, toda vez que su conducta en relación con la función que cumple, esto es, con su
deber funcional, origina una relación especial de sujeción, y es el quebrantamiento de
ese deber funcional lo que constituye una “ilicitud sustancial”, que debe ser sancionada,
según lo dispone el artículo 5º de la ley 734 de 2002.
El servidor público tenían la obligación de ajustar sus comportamientos y el ejercicio de su
función al interés general y afecto a la función administrativa, dejando de lado el personal
político que pudiera desprenderse de las actividades legislativas, como ciudadano del
común era libre de compartir y manifestar sus propias preferencias, pero como servidor
público representaba a un Estado independiente, democrático, autónomo e imparcial y
esto les impedía cualquier manifestación expresa o tácita de asentimiento al proyecto
político – partidista que tramitaba el legislativo, aún con mayor razón cuando este debate
era de interés nacional.
Al emplear su cargo y posición públicas para enfrentar la discusión del proyecto y para
acompañar a quienes lo favorecían se consolida un hecho jurídico con connotación
disciplinaria al exceder los límites impuestos al servidor por la equidad, la justicia y la ley,
empleando tal posición con fines distintos a los previstos en la norma otorgante.
Con su proceder el servidor público habría afectado la función pública sin ninguna
justificación, afectando sus deberes e incurriendo en las prohibiciones que establece la
normativa vigente, entre otros: Constitución Política Artículo 121 “…Ninguna autoridad
del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la
ley”, Artículo 122. “…Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar
juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le
incumben…”, y Articulo 127 “…A los empleados del Estado y de sus entidades
descentralizadas que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o política, cargos de dirección
administrativa, o se desempeñen en los órganos judicial, electoral, de control, les esta
prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las
controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio”.
(modificado por el Acto Legislativo No 2 de 2004).
Ley 734 de 2002 CÓDIGO DISCIPLINARIO UNICO: Deberes: Artículo 34, numerales:
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Fallo de Única instancia Exp. 001-105507-04