Anexos - IMD. Institutos Multidisciplinarios

ASPECTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONALES DEL SECTOR ELÉCTRICODr Hugo MattielloBreve reseña en el sector nacional y localLa situación actual de las empresas del sector eléctrico se inserta en unacompleja problemática que reconoce una multiplicidad de causas, algunaspropias de la realidad local de cada provincia y otras, derivadas de la profundatransformación operada en nuestro país desde la vigencia de la Ley deReforma del Estado 23.696, sancionada en 1989. En general, el déficit delas finanzas públicas y la crisis económica, fueron socavando la tradicionalactividad del Estado en el financiamiento de la construcción de las obraspúblicas y en la realización de las inversiones necesarias para la prestación delos servicios públicos, también a cargo de empresas públicas. En este escenariosintéticamente descripto (insuficiencia de capitales, obsolescencia de losservicios por falta de inversión, ineficiencia de gestión administrativa, etc.) seinstala la reforma de 1989.-A partir de este hito histórico en la concepción del papel del Estado respecto delas actividades económicas y de su intervención en las de carácter empresario,diversas normas de fondo han venido dictándose con objeto de asegurar laprotección de los usuarios, modernizar la prestación de los servicios públicos,garantizar la libre competencia y promover la transparencia de los mercados,alguna de ellas con rango constitucional, entre las que se destacan lasconsagradas en los arts. 41 y 42 de la última Reforma Constitucional de 1994,y en la Ley de Defensa del Consumidor n° 24.240. Paralelamente, los serviciospúblicos a cargo de empresas del Estado nacional - como agua, gas y electricidad- quedaron sujetos a estatutos legales específicos, denominados “MarcosRegulatorios”.-De tal manera, coexisten actualmente diversos regímenes normativos queproyectan sus efectos sobre la gestión de los servicios públicos y que a pesar deestar orientados inicialmente al ámbito nacional, inciden sensiblemente en elámbito interno de las provincias. Todo este conjunto normativo tiende al amparoefectivo de la calidad de vida del ciudadano, de su salud, seguridad, intereseseconómicos, de su libertad de elección y derecho a recibir un trato equitativo ydigno por parte de los prestadores de los servicios, así como a una informaciónadecuada y veraz.-Para la obtención de estos fines, la Constitución Nacional ha consagradoexplícitamente en su Capítulo Segundo sobre “Nuevos Derechos y Garantías”, elderecho de peticionar a las autoridades las medidas de protección apropiadas,el de asociarse en organizaciones de defensa de los usuarios, el de que estasasociaciones participen en los órganos de control y, correlativamente, el deber delas autoridades de adoptar todas aquellas medidas en resguardo de la calidad yeficiencia de los servicios.-En este sentido, después de la sanción de la Ley Nacional 24.065 -que estatuyóel Marco Regulatorio Eléctrico Nacional a comienzos de 1992- la casi totalidadde las provincias han adherido a los principios de política eléctrica y régimentarifario establecidos por la citada ley, sancionando en su mayoría, una legislaciónespecífica regulatoria del sector eléctrico, en concordancia con la nacional. Lapolítica del sector eléctrico que se desprende del conjunto de disposicionesnacionales y provinciales esquemáticamente citadas, se encuentra configuradapor una combinación de reglas básicas, principios de organización y normasde procedimiento formulados en los diversos regímenes sancionados y queresponden a las características y circunstancias de cada jurisdicción.