Desarrollo

162 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Por último, pueden identificarse algunos programas implementados
en los últimos diez años que buscan prevenir la violencia juvenil sin
enfocarse en ningún ámbito específico. Este es el caso del proyecto
Desarrollo Juvenil y Prevención de la Violencia en la República Dominicana.
También hay programas que son de índole general, pero que permean al
grupo juvenil, como el proyecto de desarrollo de competencias ciudadanas
para prevenir la violencia y construir democracia en Colombia, el Programa
de Seguridad Integral de Panamá, el programa ¿Violencia? ¡No gracias! de
la República Dominicana y el Programa de promoción del derecho al buen
trato en Venezuela (República Bolivariana de).
Cabe señalar que algunos de estos programas ya no se encuentran
vigentes. Esto se puede deber a su asociación a los ciclos políticos de los
países (períodos de gobierno) o a restricciones presupuestarias. Algunos
programas han tenido más éxito, como es el caso de los enfocados a
los esquemas de escuelas abiertas y de promoción de la cultura de paz,
mientras que otros no han tenido los resultados esperados, como los que
promueven espacios específicos de participación juvenil. En este último
caso, son más efectivas las iniciativas que promueven la inserción laboral y
el fomento a la participación ciudadana (Rodríguez, 2006).
d) La influencia del estigma asignado a la juventud
Mención especial merece el impacto que ha tenido el estigma de la
violencia como una condición juvenil en la definición de políticas. El estigma,
surgido en los años ochenta y vigente en el imaginario colectivo y cultural,
en gran parte se ha visto reforzado por los mensajes que destacan los medios
de comunicación y ha conducido a que en muchos países se debata reducir
la edad de imputabilidad por delitos. La preocupación por la edad penal
forma parte del desasosiego que produce un contexto de inseguridad que
genera angustia entre la ciudadanía, que conduce a una opinión pública
proclive a reclamar por castigos fuertes para los adolescentes, justificando
que son conscientes de sus actos y por ello no se les puede exonerar de la
responsabilidad penal que tienen al emprender una vida criminal.
En este sentido, es importante recordar que las políticas o estrategias
de Estado de sobrecriminalización, represión, falta de apego a la ley,
imputación penal adolescente y otras, que fueron impulsadas con fuerza
en la década de 2000, resultaron contraproducentes, ya que los niveles de
violencia siguieron aumentando.
La alternativa es implementar políticas hacia la inclusión juvenil que
incorporen mecanismos de comunicación y reflexión conjunta sobre las
causas de la victimización y la violencia juvenil, y que permitan transitar
hacia una cultura de paz a partir de la internalización de la idea básica de
no negar el conflicto, pero sí afirmar que siempre es posible resolverlo de
forma no violenta.