Desarrollo

268 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
• Basarse en el conocimiento y la evidencia (desarrollarse y
actualizarse periódicamente sobre la base de la recolección, el
análisis y la difusión de información tanto cualitativa como
cuantitativa respecto de la situación, las necesidades, los desafíos
y las oportunidades de los jóvenes en un contexto determinado);
• Contar con recursos suficientes (disponer de recursos
adecuados, transparentes y especialmente asignados para su
implementación, monitoreo y evaluación, así como maximizar
los recursos disponibles mediante la coordinación entre los
actores interesados), y
• Incluir procesos de rendición de cuentas (ser formuladas
y ejecutadas desde el nivel local y nacional, y regularmente
monitoreadas y evaluadas según metas e indicadores
específicos de desarrollo juvenil y con la activa participación
de personas jóvenes).
En la región, muchos países han desarrollado estrategias en las
que se asumen las perspectivas de la juventud como un espacio de la
ciudadanía o del joven un actor estratégico del desarrollo, y que incluyen
elementos del Compromiso de Bakú (véase el anexo VI.A3). Sin embargo,
se observa que las políticas propuestas desde los sectores que conciernen
a la población joven no necesariamente incorporan esta perspectiva, sino
que parten más bien de un enfoque de la juventud como un período de
transición o como una etapa de transgresión y riesgo. Esto da lugar a dos
cursos paralelos de las políticas de juventud en la región: las políticas
impulsadas por los entes rectores del tema de juventud que proponen una
respuesta integrada, por una parte, y las políticas sectoriales en juventud,
por la otra, que operan con visiones de la población juvenil no convergentes
(Rodríguez, 2011).
Además, pese a los avances en materia de políticas y planes de
juventud, la asignación de recursos a este sector en los presupuestos públicos
aún son insuficientes y, en algunos casos, se evidencian desfases entre
el presupuesto y los objetivos de dichos planes. Por ejemplo, como señala
Rodríguez (2011), en los documentos de las políticas públicas de juventud
se prioriza a los jóvenes excluidos, la inserción laboral, la construcción de
ciudadanía y la prevención de la violencia, mientras que en los presupuestos
públicos se sigue priorizando a los jóvenes integrados y la educación formal,
y se destinan algunos recursos a la salud, pero relativamente pocos a la
inserción laboral y la prevención de la violencia (Rodríguez, 2010).
La mayor parte de estos esfuerzos de institucionalización de las
acciones hacia la juventud se han establecido a partir de la década de
2000. Todo lo anterior permite constatar la paulatina preocupación de
los gobiernos de la región por dar visibilidad y orientación a las acciones