Desarrollo

Juventud: realidades y retos para un desarrollo con igualdad 163
La negociación y la resolución pacífica tendrían que formar parte
de la educación formal y no formal, lo que permitiría brindar a las nuevas
generaciones herramientas sobre los modos de relacionarse, comprender
al otro y resolver desacuerdos sin llegar a la violencia. El Estado debe ser
capaz de transmitir modelos de cultura de la paz a través de las policías,
de los sistemas de justicia, de la transparencia, del apoyo a la comunidad y
de sus instituciones en general (CEPAL, 2014).
3. Recomendaciones para la inclusión juvenil
en contextos de violencia
Para lograr un proceso de reversión del contexto de violencia actual, las
dimensiones de la violencia que han sido planteadas en el presente capítulo
tienen que verse reflejadas en una diversidad de enfoques de intervención. Ello
implica considerar el diseño de políticas integrales que, mediante una presencia
más sólida del Estado, se enfoquen en las múltiples causas bajo estrategias
articuladas a distintos niveles, con la incorporación de la perspectiva territorial.
Asimismo, también es necesario que estas políticas consideren estrategias de
largo plazo que posibiliten recuperar aspectos de contexto social generalizado,
como la cultura de resolución no violenta de conflictos que permita reducir
la violencia mediante la voluntad de los actores violentos de dejar de serlo.
También se requiere el reconocimiento de la responsabilidad compartida entre
todos los actores sociales y propiciar la existencia de un escenario de confianza
institucional, sobre todo en instituciones como la policía.
En este sentido, se plantean algunas recomendaciones de índole
general. La primera es que los enfoques de intervención que se definan
deben establecer con claridad la forma en que se harán cargo de la
problemática en cada una de las dimensiones. Este aspecto permitirá
evitar duplicidades de intervención y enfocar mejor los esfuerzos. Tal
como lo plantea la OPS (2006), es imprescindible asumir que la violencia
es un fenómeno estructural y muy complejo, por lo que hay que intentar
superar enfoques de políticas muy comunes en la región que tienden a ser
simplistas y que se limitan a otorgar respuestas puramente represivas, o
bien campañas de corte moralista, asimilando, muchas veces de manera
mecánica, la situación de pobreza con la condición de violencia.
La segunda recomendación general estriba en la importancia de
establecer un mecanismo de coordinación entre las diversas instancias
públicas que trabajan con temas de violencia y población juvenil, buscando
su complementariedad para lograr un enfoque integral de la política
nacional en relación con esta problemática. Para ello es indispensable que
exista un espacio de coordinación interinstitucional.
Estas dos recomendaciones iniciales forman la base del diseño
de respuestas con enfoques integrales e integrados que, como menciona
Rodríguez, han sido las más pertinentes al buscar “incidir en la propia