Desarrollo

252 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
A la luz de estas recomendaciones y del panorama de la región en
torno a los requisitos etarios para poder ejercer el voto (véase el cuadro V.5),
es notable que en 19 de 24 países considerados de América Latina y el Caribe
las condiciones de elegibilidad al poder legislativo exijan una edad superior
a la edad para votar. En 11 países (Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional
de), Brasil, Colombia, Haití, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa
Lucía, Trinidad y Tabago y Uruguay), la edad requerida para la Cámara
de Diputados es de 25 años o más, barrera que, de facto, deja fuera toda
posibilidad de participación a una porción elevada de la población
joven. Además, en el caso de los países con cámaras altas o senados, los
requerimientos de edad para pertenecer a estos órganos son todavía más
elevados. De hecho, en 9 de los 13 países con Cámara Alta (Argentina,
Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay,
Santa Lucía y Uruguay), toda la población joven queda fuera al establecerse
rangos de edad de 30 años o más para ser electo. En contraste, solo en cuatro
países, la edad mínima requerida para votar coincide con la edad mínima
para ser votado al Congreso (Granada, Guatemala, Guyana y Suriname).
Por lo tanto, con miras a ampliar las posibilidades jurídicas para la elección
de representantes jóvenes, en la mayoría de los países habría razones para
discutir cuando menos una reducción del desfase entre ambos requisitos.
Otro ámbito de intervenciones que pueden delinearse en cada país
alude a acciones y reformas que favorezcan la participación juvenil, no
solo a nivel normativo, sino también a lo largo del ciclo electoral, como
se ha planteado en un estudio global reciente sobre el tema (PNUD, 2013).
Ello implica incidir sistemáticamente en el desarrollo de las capacidades
requeridas para que candidatos jóvenes puedan interactuar con menos
disparidades de recursos y de experiencia. Para ello es importante
mantener abiertos canales de participación e incidencia permanentes
a nivel comunitario, pues ese suele ser un nivel privilegiado para la
formación inicial de capacidades de liderazgo político y social.
Un tercer campo estratégico para el desarrollo de capacidades
consiste en que las intervenciones o programas centrados en las personas
jóvenes estén guiados o gestionados por ellas mismas (por ejemplo, a nivel
de la gestión de proyectos, la colaboración con iniciativas encabezadas por
jóvenes y la inclusión sistemática de menores de 29 años en los procesos de
diálogo o consulta nacionales y locales). Con el fin de privilegiar acciones
que estén efectivamente vinculadas con los intereses y prioridades
presentes en cada contexto, tales iniciativas deben adaptarse a las
condiciones nacionales o locales, así como a la diversidad de situaciones de
las personas jóvenes. En el recuadro V.6 se identifican algunas medidas que
pueden favorecer la participación de las personas jóvenes en las distintas
fases del ciclo electoral, en donde interactúan la normativa electoral, la
reglamentación interna de los partidos políticos y las normas y prácticas
de las organizaciones de la sociedad civil.