Desarrollo

266 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
instituciones y otros organismos, y menos del 30% cuenta con información
estadística relativa a la juventud de su país.
Independientemente de la variedad de las modalidades y las tareas
que llevan a cabo para promover el desarrollo de la población juvenil en sus
respectivos países, las instituciones tienden a ser débiles, especialmente
cuando se comparan con la solidez de los ministerios sectoriales
relacionados, como los de educación, trabajo y salud. Esta debilidad nace
de su limitado poder político, los escasos recursos con los que cuentan
para ejecutar sus funciones y el poco impacto de sus esfuerzos. Ante este
panorama, se hace necesario reflexionar sobre las funciones esenciales que
deberían cumplir. En este sentido, se propone que las entidades a cargo de
los temas de la juventud se enfoquen en asumir un rol de coordinación y
articulación de esfuerzos, para dinamizar los procesos, lograr visibilizar
estas cuestiones en las políticas sectoriales e impulsar una mirada integral
sobre la juventud en los diferentes sectores. Sin embargo, se reconoce que
realizar esta función de coordinación será difícil, considerando la asimetría
de poder entre los entes rectores del tema y los ministerios sectoriales. Por
lo tanto, se requiere apoyo político de alto nivel para enfatizar y visibilizar
el tema de la juventud en los ministerios sectoriales, y paralelamente
reforzar y empoderar a los entes rectores correspondientes.
Claramente, fortalecer la articulación entre los actores gubernamentales
que trabajan para promover el desarrollo juvenil debe ser una prioridad,
ya que los programas desarticulados no solo son más ineficientes en
el uso de los (pocos) recursos disponibles, sino también más costosos.
Esta realidad justifica la implementación de políticas y programas
integrales coordinados por las instancias de juventud, concertados
entre los actores involucrados y diseñados de acuerdo con una lógica de
atención a los grupos juveniles ubicados en sus entornos respectivos.
También resulta necesario fortalecer las instancias locales (sobre todo
municipales) para llevar a cabo iniciativas de inclusión social juvenil
que contemplen una mayor participación comunitaria, tanto en su
diseño como en su ejecución.
Un segundo componente clave de la institucionalidad es la
existencia de una normativa sobre juventud (véase el anexo VI.A2). Estas
normativas, en forma de leyes o decretos, crean instituciones, manifiestan
derechos, identifican objetivos, establecen metas, asignan recursos y
distinguen niveles de responsabilidad y de articulación con los actores.
Al establecer un marco jurídico en el ámbito de la juventud, la sociedad
expresa su compromiso de atender las necesidades de esta población y
articula la forma de abarcar esas necesidades. Por otra parte, obliga a los
diferentes niveles del poder ejecutivo a definir políticas y programas para
cumplir con los objetivos establecidos y a dirigir recursos del presupuesto
público para esos fines. De esta manera, el marco jurídico proporciona