Franklin D. Roosevelt y la problemática agraria - Universidad ...

El Tribunal Supremo ante la Legislación Agraria del New Deal
número de industrias que tienen que pagar el impuesto de transformación se niegan a abonarlo,
con la convicción de que, finalmente, se declarará inconstitucional la ley agraria, como había
ocurrido con la ley industrial. Paralelamente, se inician 1.100 procesos judiciales en los que se
demanda la anulación de la ley, dejando de recaudar la Administración 100 millones de dólares
por el pago del impuesto. 31 La prensa conservadora española naturalmente se recrea en esta
reacción. 32
A partir de la sentencia del Tribunal de Apelación invalidando la ley agraria, los
abogados del New Deal comienzan a preparar la defensa de la medida agraria y especialmente la
del impuesto de transformación ante el Tribunal Supremo. El Subsecretario de Justicia, Stanley
Reed, al encargarse del caso, busca el asesoramiento de Alger Hiss, quien conoce perfectamente
la ley agraria. Además de Hiss trabajan en la defensa del caso, Charles Horsky, W. Marvin Smith
y Paul Freund. Hiss decide usar la misma táctica que el juez Brandeis, tratando de demostrar que
las medidas del gobierno demócrata han mejorado la agricultura norteamericana. Para ello,
Mordecai Ezekiel, Louis Bean y otros economistas preparan un informe exhaustivo sobre los
planes agrarios de Roosevelt y los orígenes de la ley agraria.
Sin embargo, mientras la demanda de inconstitucionalidad de la ley agraria, emprendida
por la "Hoosac Mills Corporation", sigue su curso, el Secretario de Agricultura adopta una
estrategia uniforme para todos los procesos judiciales emprendidos contra la administración, al
dejar que lleguen al Tribunal Supremo, para evitar que se alarguen excesivamente los pleitos al
recurrir en los Tribunales de Apelación.
Por su parte, la compañía demandante confía su defensa al abogado George W. Pepper,
ex-senador y amigo personal del juez Owen J. Roberts. Toda su argumentación es un ataque
abierto a la constitucionalidad de la ley agraria y finaliza su exposición rebatiendo la
reglamentación por parte del Estado. 33
31 Theodore Saloutos, 1982, p. 131.
32 "Un tribunal de distrito ha concedido una orden temporal a 16 compañías que se dedican a vender
cereales, por la que se prohibe al gobierno la recaudación del impuesto de procedimientos industriales
establecido por el acta de reajuste agrario". En: "La tributación harinera", La Vanguardia, Barcelona, V
12-7-1935, p. 29.
33 "I pray almighty God that not in my time may the land of the regimented be accepted as a worthy
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