CUARTA PARTE - Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales

La Ley Indígena 17.729, aborda entre otros aspectos lo siguiente:
En cuanto al aspecto social, el proyecto desea asegurar la tenencia de la tierra, a
través de la inembargabilidad de las tierras de indígenas, prohibiciones de enajenar o
gravar las citadas tierras, salvo a favor de otros indígenas, de las cooperativas o
empresas del Estado; limitaciones de las facultades para arrendar y entregar en
mediería u otra forma a terceros; eliminación de los Juzgados de Indios y
establecimiento de un procedimiento judicial verbal ante el Juzgado de letras de
Mayor Cuantía ubicado más próximo a la reducción; organización de cooperativas y
participación activa de los campesinos en las organizaciones comunitarias, e
indirecta en el Consejo de Desarrollo Indígena.
En el aspecto económico se desea aumentar en forma considerable las tierras de los
indígenas, a través de la devolución de aquellas que fueran usurpadas, las que por
antecedentes que se entregaron en el seno de la Comisión serían alrededor de
50.000 hectáreas; expropiación de tierras que formaron parte de títulos de merced y
que se encuentran en poder de los particulares, la que constituiría una extensión
aproximada de 100.000 hectáreas; incorporación efectiva del campesino indígena al
proceso de reforma agraria y, también, a actividades industriales y comerciales,
previa la capacitación necesaria
De acuerdo con lo anterior, y en el espíritu de la nueva legislación, se suprimen los
Juzgados de Indios que tanta injusticia acarreó para los indígenas, de las que incluso
deja constancia la Comisión de Agricultura y Colonización de la Cámara de
Diputados, al señalar que “... varios señores diputados miembros de la comisión.
Como funcionarios de gobierno plantearon la conveniencia de esta supresión ya que,
al hacer un balance de la labor que realizaron los Juzgados de Indios podría decirse
que ella no es positiva debido a diversas razones... ” 199 .
El gran mérito de esta Ley, es que por primera vez en la historia republicana, se disponía
de medios jurídicos efectivos para la restitución de las tierras indígenas usurpadas. Esta
legislación se constituye, así, en el máximo logro alcanzado por el movimiento mapuche
-indígena en general- en su relación con el Estado chileno.
La lectura que aquí puede realizarse es que se está frente a un hito en la historia de la
relación del Estado de Chile y los pueblos indígenas, de manera específica, con el
Pueblo Mapuche. Un Estado que históricamente ha demostrado un proceder ingrato en
su accionar hacia los indígenas, pero que en un momento de la historia del mismo, bajo
la conducción de la Unidad Popular reconoce la injusticia y usurpación hacia los
mapuches, iniciando un proceso de reparación del daño a través de políticas orientadas
a la resolución de las demandas y reivindicaciones indígenas. En este punto de la
historia, los mapuches consideraron que por primera vez estaban frente a autoridades
que efectivamente se los escuchaba y se comprendían la injusticia de la cual habían
sido objetos y, por la misma razón, trataron de repararla. Podría decirse que en ese
período los mapuches confían en las autoridades chilenas; sin embargo, esa confianza,
199 Citado de Cámara de Diputados, sesión Nº 35, 14 de septiembre de 1971. pp..3234-3240. Ibíd.: 255.
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