CUARTA PARTE - Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales

El poder de la Comisión Radicadora era prácticamente nulo frente a las ocupaciones con
Títulos y mucho menos frente a las ocupaciones de hecho. Esta era la realidad de
Arauco, las provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue, zonas en las cuales las leyes
de prohibición demoraron varios años en llegar. En estas últimas provincias el despojo
fue violento y los Protectores de Indígenas denunciaban permanentemente asesinatos,
desalojos a la fuerza, ocupaciones de hecho, etc. Estos hechos fueron
permanentemente amparados por juzgados de menor cuantía, notarios y una variedad
inmensa de funcionarios 115 . Los Protectores de Indígenas, siguiendo estrictamente la
ley, señalaban respecto a esto, que el objetivo con el que había sido creada la Comisión
era deslindar la propiedad indígena y no tenía otra función.
Por otra parte, los Títulos de Merced otorgados a los indígenas en nombre de la
República no concedían terrenos, sino documentar un hecho: la posesión. No se
radicaban indígenas en terrenos baldíos del Estado: “... los indígenas no reciben nada
del fisco: por el contrario, este quita a aquellos, pues con la radicación los estrecha, los
limita en sus posesiones para adquirir el sobrante.” (Protectorado de Indígenas de
Valdivia. Memoria de don Carlos Iribarra, 1911, p.645) 116 .
Este habría sido uno de los puntos centrales del cuestionamiento de quienes criticaban
la radicación, pues se distribuían pequeños retazos de tierras a quienes eran
poseedores históricos de ellas. Otros criticaban el proceso de radicación porque este
reconocía, en parte, la estructura socio-política de los mapuches, además de la
poligamia y la negativa de los indígenas de inscribir a sus hijos en el Registro Civil. Para
ellos, la radicación debía ir acompañada de elementos “civilizatorios” tales como el
matrimonio civil, la monogamia, la inscripción de los hijos en el registro correspondiente,
entre otros aspectos 117 .
Entre quienes se oponían a la radicación también estaban aquellos que creían que no se
debía continuar con las leyes de protección a los indígenas y menos con la radicación
por familias, pues esto alejaría cualquier posibilidad de “civilizarlos”, por cuanto los
indígenas seguían reproduciendo en ese espacio sus mismas “... condenables
costumbres ancestrales... ” 118 .
Pero también los mismos indígenas, manifestaron su oposición a la radicación sobre
todo en aquellos lugares en donde el sobrante de tierra parecía ser mayor, pues se
daban cuenta de que al ser sometidos a reducciones perderían toda oportunidad de
ensanchar sus posesiones. Creían también en la posibilidad de que sin la existencia de
leyes de prohibición y sin la radicación, podían aumentar sus cabidas, vía arriendo,
ventas y compras de terreno, es decir, como cualquier ciudadano. Sin embargo, este
hecho permitió que en Valdivia, Osorno y Llanquihue, antes de las leyes de prohibición
de 1893, se despojara a los indígenas de la forma en que se hizo. Si se estudia en
115 “Un indignado Protector llega a mencionar hasta diez diferentes formas conocidas por él de cómo
arrebatar terrenos a los mapuche”. Bello, Álvaro. “La Comisión Radicadora...” Op. cit.: 40.
116 Ibídem.
117 Ibíd.: 40.
118 Ibídem.
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