CUARTA PARTE - Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales

Por tanto, los mapuches entran al proceso en calidad de campesinos pobres y no en su
especificidad étnica, lo que impide responder a derechos territoriales indígenas; sino que
sólo se apunta a mejorar sus condiciones de vida, otorgándoles apoyo crediticio y
asistencia técnica.
En el año 1968 se proponen una serie de modificaciones a la Ley 14.511 -1961-, donde
se buscaba nuevamente la desaparición del minifundio en la subdivisión de las
comunidades indígenas, proceso que fue acelerado a partir de la creación de tres
nuevos Juzgados de Indios -en Angol, Carahue y Villarrica-. La novedad radicaba en
evitar el minifundio, otorgando derechos preferenciales a los mapuches en las
propiedades de la CORA. Aunque esta ley no fue promulgada, algunas familias
mapuches obtuvieron “derechos” de posesión en algunos fundos expropiados. El
proceso de recuperación de tierras fue favorecido por la presión y movilización de las
comunidades, siendo restituidas cerca de 1.443 hectáreas 183 .
Los más favorecidos fueron los que estaban organizados en Cooperativas y en Comités
Campesinos, ya que aumentó la asistencia crediticia y técnica, junto a las becas de
estudios e implementación de nuevas escuelas, así como la estructuración de las
comunidades en Centros de Madres. Pese a estas medidas “reformistas”, la gran
demanda de tierras no podía ser satisfecha.
En definitiva, durante el gobierno de Frei Montalva, con la aplicación de la Ley 16.640,
se expropiaron a favor de comunidades mapuches un total de siete predios, en la
comunas de Angol, Lumaco, Lautaro y Purén, representando el 4,69% de los
expropiados durante el período, con un total de 10.682,3 hectáreas físicas, equivalentes
a 961,31 hectáreas de riego básico. 184
A pesar de que la legislación dejó fuera la especificidad de la comunidad indígena, “... el
espíritu de la legislación de Reforma Agraria y el clima político que circundó su
aplicación, favoreció el que fuera el propio movimiento indígena, mediante las corridas
de cerco y tomas de predio, quien promoviera su propia reforma agraria y exigiera que la
Ley 16.640 le sirviera de justo marco normativo...” 185 .
A partir de 1967 tanto el discurso como la acción de las organizaciones mapuches
cambian de manera notable. Las demandas de tierras por parte de las comunidades se
traducirán en acciones directas tendientes a ingresar a los predios colindantes. Dos son
los argumentos que avalan dichas acciones. El primer argumento se relaciona con el
contexto reivindicatorio propio de la reforma agraria, que consiste en detectar y expropiar
las tierras abandonadas o subutilizadas -por ejemplo, el fundo Tranaquepe-; el segundo
argumento gira en torno a las tierras que tienen carácter de usurpadas - por ejemplo, el
fundo Chihuaihue, en la comuna de Ercilla-.
183 Foerster, Rolf y Sonia Montecino. Organizaciones... Op. cit.: 354.
184 Correa, Martín, et. al. Reforma agraria...” Op. cit.: 248.
185 Ibíd.: 247.
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