CUARTA PARTE - Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales

Esto también provoca la desigualdad en la adjudicación de terrenos, ya que al mismo
tiempo que se conceden millares de hectáreas a empresas particulares, para los
indígenas de algunas zonas, principalmente Quepe, Metrenco y Maquehua, las
concesiones de tierras apenas llegan a dos o tres hectáreas por persona. 133
Los Protectores Manuel Labbé y Manuel Oñate, anteriormente citados, llaman la
atención de la Comisión, respecto a los motivos que los inducen a rechazar el inciso 6°
del artículo II y el artículo 19 del proyecto aprobado por el Senado de la época. El inciso
en cuestión fue agregado en dicha Cámara y estaba concebido en los siguientes
términos: “El abandono ó ausencia por más de cinco años continuos de las hijuelas en
que hayan sido radicados los indígenas, hará volver al Estado la propiedad de dichas
hijuelas”.
Tal disposición daría lugar a muchos abusos; así, conocían los casos de propietarios
colindantes de indígenas, que habían ahuyentado a estos, hostilizándolos o
proporcionándoles dinero para que emigrasen hacia Argentina. Una vez despejada la
hijuela, entraban en posesión de la misma introduciéndole mejoras. Los dueños una vez
regresados no las recuperaban, hasta que el gobierno hubiese desechado la solicitud de
los usurpadores de concesión de esos terrenos, en calidad de colonos, justificándose en
su aparente desocupación y abandono por parte de los indígenas. Los mencionados
protectores decían haber tenido que informar varias de esas solicitudes, las que debían
ser rechazadas por cuanto los bienes de los indígenas eran propiedad privada, que sólo
podía pasar al Estado, en su carácter de heredero ab-intestato, en ausencia de otros “de
mejor derecho”. Conocían, también, solicitudes en que se había tenido la audacia de
pedir que se sacaran a remate o se adjudicaran a alguien, en calidad de colono nacional,
terrenos de indígenas que aún vivían en ellos, pretendiendo probar así que los indígenas
existentes no eran los matriculados, sino otros, radicados en terrenos distintos y que se
habían apoderado arbitrariamente del que se reclamaba 134 .
El Protector de indígenas de Llanquihue, señalaba que era norma general el negar a los
indígenas litigantes su calidad de tales, y por ello era menester acreditar por medio de
prueba testimonial que el demandante era efectivamente indígena, porque sus
ascendientes lo fueron, por su idioma, costumbres y apellidos. Sin embargo, se
intentaba desvirtuar esta prueba por medio de perjuros, que generalmente tenían
intereses arrebatados a otros indígenas, dificultando la prueba de estos indígenas con
continuas postergaciones de las sesiones de prueba, con amenazas y cohecho a los
testigos de sus representados. 135
Por su parte, el Protector de Indígenas de Valdivia, afirmaba que los juicios de partición
se multiplicaban de un modo alarmante, y que por regla general eran los accionistas
indígenas los perjudicados. En la partición del fundo Nolgehué, por ejemplo, sobre la
cual habían informado a la Inspección, habían desfilado cerca de cien indígenas como
comuneros o accionistas de ese predio, de los cuales quince o veinte habrían de
133 Ibídem.
134 Ibíd.: 159, 160.
135 Ibíd.: 170.
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