CUARTA PARTE - Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales

En los juzgados menores, los indígenas eran estafados por medio de la confabulación
del juez, el actuario, y el acreedor. Era de uso corriente que se instauraran ejecuciones
con pagarés firmados “á ruego” por los indígenas, los mismos que eran extendidos con
el mismo tipo de letra desde comienzo a fin, incluyendo las firmas de los testigos, que se
decían llamados a suscribir “á ruego”. Asimismo algunos comuneros arrendaban la
mayor parte de la reserva a particulares, y estos expulsaban de los terrenos a los
indígenas que se negaban a darlos en arriendo. 128
Manuel Labbé, por su parte, Protector de indígenas de Cautín, 129 manifestaba que los
escribanos públicos de la provincia de Arauco otorgaban escrituras en que los indígenas,
sin intervención de dicho Protector, se confesaban deudores a favor de terceros por
cuantiosas sumas de dinero que, de acuerdo a sus recursos, su escasa experiencia en
negocios y en actividades de carácter productivo, ofrecían fundadas dudas acerca de la
efectividad de tales préstamos.
Decía tener conocimiento de la frecuencia con que los indígenas se constituían
deudores a corto plazo, de las numerosas ejecuciones que se ejercitaban en su contra y
que los embargos que de ellos procedían, eran ejecutados comúnmente en predios
pertenecientes al Estado o en terrenos en que los deudores no tenían dominio legal por
no habérseles entregados Títulos de Merced en conformidad a la citada ley 130 . La Ley
del 4 de diciembre de 1866 contemplaba en los territorios indígenas, -“frase más
comprensiva que territorio fronterizo de indígenas”- la presencia de dos copropietarios
de sus suelos, el poseedor originario y el Estado, y sentaba la regla general de que todo
terreno en el cual los indios no prueben posesión efectiva y continuada por más de un
año, sería reputado como terreno baldío ó fiscal (Art°s. 6° y 7° n° 1°).
Para proceder con el método indicado por la Ley, se debía en primer término, radicar a
los indígenas y una vez hecha la radicación, habría que determinar el sobrante que era
de propiedad del Estado. El Fisco habría conocido perfectamente la extensión de terreno
que le pertenecía, pero no se actuó siguiendo esa línea, ya que al mismo tiempo que se
radicaban indígenas, paralelamente se formaban hijuelas para remates, se daban lotes
de terreno en arrendamiento, se donaban suelos a colonos, y se realizaban enormes
concesiones de suelos a particulares también para la colonización. 131 Aún más, en
muchas ocasiones, se procedió primeramente a rematar hijuelas, colonizar, etc., y en el
sobrante fueron radicados los indígenas. Es decir, la ley fue aplicada en sentido inverso.
El Fisco dispuso libremente de las tierras y en el resto de los suelos radicó a los
indígenas, generando por una parte, conflictos y enredos de todo tipo, y por otra, la
escasa disponibilidad de suelos para los indígenas, lo que motivaba periódicos viajes de
los mapuches a la capital a interponer quejas por el despojo de sus terrenos. 132
128 Ibíd.: 111.
129 Ibíd.: 123.
130 Ibíd.
131 Ibíd.: 144.
132 Ibíd.: 145.
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