CUARTA PARTE - Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales

) Los gobiernos del Frente Popular
Tanto la ley de 1927 como la de 1931 duraron menos de 10 años en plena vigencia.
Pero en 1938 con la llegada al gobierno de la coalición política denominada Frente
Popular -conformada por radicales, socialistas, comunistas y demócratas- se aprecia un
giro hacia una política de orientación indigenista. Efectivamente en este período se
procede a restituir varias porciones de tierras y a delimitar la superficie de los Títulos de
Merced. La división de las comunidades quedó librada a los propios comuneros, pues se
requería acuerdo de la mayoría. Sin embargo, en 1942 se reinicia la discusión
parlamentaria acerca de la división de las comunidades. Nuevamente se discute un
proyecto para que por la vía administrativa y lo más rápida posible, se dividan las
propiedades comunales en hijuelas singulares, lo que se le definió como la “liquidación
de las comunidades” 163 . En una segunda etapa, parlamentarios representantes de los
sectores populares y medios corrigen dicho proyecto, aceptando la división de las
comunidades, pero transformando la comunidad dividida en una asociación cooperativa
libre que adoptaría el nombre de “cooperativa de indígenas” y que estarían orientadas y
apoyadas por una “Central de Cooperativas” y del “Crédito de los Indígenas”.
Ante la inquietud que dicha división generaba entre los comuneros, se elaboró una
tercera versión del proyecto, en la que ya no se “liquidaban” las comunidades indígenas
sino que se mantenía, en su artículo 13, la disposición de la Ley Nº 4.111 vigente hasta
ese momento, que autorizaba la división sólo a petición por lo menos del tercio de los
comuneros. La nueva versión contenía una innovación en su artículo 20, el que
estipulaba que el Juez de Indios podría adjudicar a uno o más comuneros la hijuela que
le correspondía en la división, mientras los otros debían permanecer indivisos. En los
artículos 21 y 22 las hijuelas adjudicadas a base del artículo 20, si eran menores de diez
hectáreas, podrían ser permutadas por hijuelas disponibles en terrenos que el Fisco
adjudicaría con este fin, de una superficie mínima de treinta hectáreas, o de trescientas
si hubiese estado ubicada en la provincia de Aysén. En los artículos 67 y 68 se
estableció que los indígenas gozarían de preferencia ante las Cajas Agrarias y Cajas de
Ahorros para el otorgamiento de créditos y de varias facilidades educacionales
rurales 164 .
Ahora bien, la tendencia que se daba en un comienzo no se hace extensiva al resto del
período, ya que en el primer año del gobierno de Gabriel González Videla, el Ministro de
Tierras y Colonización, Contreras Galaz, diseñó una política de abierto carácter
antiíndígena, la que sería rechazada por la Corporación Araucana. Aquella política
contemplaba la radicación de mapuches en Aysén en terrenos alejados de las ciudades,
a cada uno de los cuales se les haría entrega de treinta hectáreas. Junto con ello se
iniciaría una política colonizadora que incluiría la entrega de casas, créditos para
compra de implementos de labranza y animales, etc. Las propiedades indígenas serían
comercializables y las sentencias sobre partición de comunidades pasarían a
conocimiento de la Corte de Apelaciones. Ante esta iniciativa, apoyada por las voces de
163 Hervé, Dominique y Antonia Urrejola, Antonia. “El Derecho Consuetudinario...” Op. cit.: 6.
164 Lipschutz, Alejandro. La Comunidad Indígena... Op. cit.: 164, 165.
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