CUARTA PARTE - Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales

Una vez concluido el trabajo y realizadas las audiencias públicas en las distintas zonas,
los miembros de la Comisión afirman que:
“Muchos reclamos son justificados: que los indígenas suelen ser víctimas de
gentes inescrupulosas y á veces de inhumanas, que los hostilizan, los maltratan ó
se valen de argucias abogadiles para despojarlos de lo suyo; que su radicación se
hace con despacio,
(...) que otros son perseguidos por vías de hecho o judicialmente, por
detentadores injustos de tierras del Estado, que aspiran por este medio a afirmar
sus pretensiones de dominio sobre las mismas; que algunos concesionarios tratan
de desalojar sin razón á personas establecidas dentro de sus concesiones; que
hay ocupantes que se instalan donde no les corresponde; y que la acción de las
autoridades aparece en ciertos casos amparando, más las arbitrariedades del
fuerte que los derechos del débil... 124 ”.
A continuación, se asocian estas arbitrariedades al surgimiento de fuertes conflictos y
tensiones en la zona:
“Todo esto ha tenido naturalmente que producir un malestar, que se palpa en
aquellas regiones y del cual no es posible desentenderse. Ha habido graves
atentados y hay un sinnúmero de procesos criminales, de querellas posesorias
entre detentadores de tierras, y de juicios de particulares entre sí y de estos con
el Fisco, que no obtiene, por lo general, la mejor parte, por falta de pruebas ú
otras deficiencias en la defensa... 125 ”.
¿Cuál es la causa para que el Estado no tenga la capacidad de controlar los abusos en
la zona? Es la pregunta de los parlamentarios. La raíz del problema radica en la
incapacidad del Estado de hacer valer las leyes de 1866 y 1874, que buscaban proteger
la tierra de los indígenas, en una época en la que todavía había “... lucha con el
araucano y territorios inexplorados, lo que impedía definir exactamente en que consistía
la propiedad indígena... ”. Desde entonces, se afirma que el interés por adquirir las
propiedades se ha desarrollado en un medio legal defectuoso, que explica la detentación
abusiva de propiedades fiscales, el despojo de la propiedad indígena; la indeterminación
de los deslindes, la variación, muchas veces, dolosa de estos, la dificultad de establecer
posesión sobre hechos concretos y que pueden significar un ejercicio efectivo de los
atributos del dominio, sobre una determinada extensión de suelo; los abusos que se
cometen cuando se trata de probar por testigos la posesión ante tribunales de justicia; la
preparación artificiosa de títulos de propiedad, valiéndose de las mismas disposiciones
creadas por la ley para hacer pública y estable la propiedad raíz; contratos ficticios,
particiones simuladas, inscripciones fraudulentas, etc, etc, ... 126 ”.
124 Ibíd.: XII.
125 Ibídem.
126 Ibíd.: LVII.
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