CUARTA PARTE - Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales

A partir de dicha época se comienza a expresar el temor de las autoridades respecto a
que el proceso de división signifique un proceso de venta acelerada de las hijuelas
provenientes de Títulos de Merced, ya que existía una enorme presión por parte de
colonos en torno a esas tierras indígenas. Entonces el gobierno establece un conjunto
de leyes de prohibiciones temporales que impiden la venta de tales tierras. De este
modo, cada cinco años aproximadamente es posible encontrar una ley que prorroga por
cinco años más la prohibición, ya no sólo de los Títulos de Merced indivisos, que nunca
se pudieron vender, sino también de las hijuelas provenientes de los Títulos de Merced.
Por tanto, si a través de numerosas leyes de prohibición de ventas de hijuelas
provenientes de Títulos de Merced, las tierras indígenas no podían ser enajenadas,
cómo se explica que ese proceso, a pesar de las leyes de prohibición, haya ocurrido. El
problema radica en que efectivamente muchos conservadores de bienes raíces, en la
provincia de Arauco, y sobre todo en la provincia de Malleco, donde se produjo la
división en forma más masiva, reconocieron las compras y ventas, a pesar de que
estaban prohibidas temporalmente por ley. Se trata de compra-ventas viciadas en su
origen, pero reconocidas muchas veces por estos conservadores y por notarías. Esta
situación ocurría muy frecuentemente, y es a partir de este contexto donde surge, a
mediados de la década del treinta, el movimiento de la Corporación Araucanía, con
Venancio Coñoepan a la cabeza, que se opone fuertemente a las leyes de división: a
partir del accionar de Coñoepan se detiene prácticamente la división de las comunidades
y, posteriormente, en una ley dictada durante el gobierno de Jorge Alessandri, se pone
un plazo de 15 años en que las tierras mapuches no pueden ser vendidas. Sin embargo,
en los estatutos de esta ley de 1961, se reconoce a un nuevo actor en el complejo tema
de las tierras indígenas. A las personas que reclaman derechos sobre tierras indígenas,
y que no son indígenas, se les define como “particulares”, es decir, “en esta ley se
nombra y otorga estatuto jurídico a los usurpadores” 213 .
Lo cierto es que durante todo el siglo XX se discutirá permanentemente acerca de la
división de las comunidades mapuches. El debate será entre los partidarios de mantener
la propiedad comunitaria y los partidarios de dividirla y formar pequeñas propiedades
privadas, que se puedan vender.
Estos últimos insistían en que la comunidad perpetuaba la pobreza indígena, y que abrir
las tierras mapuches al mercado de tierras permitiría mejorar las condiciones de vida de
los indígenas. Entre 1927 y 1978, fueron alrededor de 600 comunidades las que se
dividieron, en especial en Arauco y Malleco; en Cautín la situación fue distinta gracias al
aporte de Coñoepán. El hecho de que haya comunidades divididas y otras que no lo
fueron permite hacer un análisis comparativo entre ambos tipos de propiedades:
Individual y comunitaria. Estudios han demostrado que en las comunidades divididas no
hubo mayor desarrollo que en las no divididas; sino que ambos tipos de comunidades,
han tenido durante los últimos 50 años igual comportamiento, lo que indica que las
opiniones que sostenían -y aún sostienen- que la pobreza mapuche sería consecuencia
de la ausencia de propiedad privada están descartadas. Más aún, se ha podido observar
que en la comunidad de tierras, hay un uso más flexible de la tierra, lo que ha permitido
213 Bengoa, José. Historia de un conflicto. Op. cit.: 167.
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